El sector industrial se enfrenta nuevamente a un panorama de incertidumbre ante el cierre de plantas y la ejecución de despidos masivos. El frigorífico General Pico, bajo la titularidad del empresario Ernesto Lowenstein, conocido por ser el fundador de la marca Paty, ha notificado el despido de 194 empleados y la interrupción de actividades en sus tres instalaciones, ubicadas en las localidades pampeanas de Trenel, General Pico y Arata. Esta situación se enmarca en una profunda crisis financiera que atraviesa la compañía.
La empresa, cuya dotación de personal ascendía a aproximadamente 450 empleados hasta la presente semana, acumula un pasivo que ronda los $34.000 millones, de los cuales una porción significativa, cercana a los $22.000 millones, corresponde a entidades bancarias públicas. Asimismo, la firma ha experimentado un marcado descenso en su nivel productivo, pasando de faenar un volumen diario de hasta 600 cabezas destinadas al consumo interno a menos de 50 en los últimos meses.
A la compleja coyuntura económica se añade el rechazo de más de 1.000 cheques, por un importe superior a $12.000 millones, relacionados con obligaciones de pago a proveedores de ganado y servicios. Conforme a reportes de la prensa local, la cooperativa eléctrica procedió a la suspensión del suministro por mora en el pago, lo que ha exacerbado las dificultades operativas.
Con antelación de menos de un mes, la empresa había dispuesto la suspensión total del personal y, en el mes de enero, solicitó un procedimiento preventivo de crisis. Dicho procedimiento no fue objeto de homologación y expiró el día 31 de ese mes. En este contexto, la compañía argumentó la carencia de fondos para hacer frente a las remuneraciones y propuso una compensación de $500.000 por trabajador, según información difundida por la propia firma.
Reclamos de los trabajadores y significativa afectación local
Durante la jornada de este viernes, un grupo reducido de trabajadores llevó a cabo una asamblea frente a la planta de Trenel con el objeto de consensuar las acciones de protesta. “Representamos a 79 familias en Trenel, lo que constituye un número considerable en una población de 7 mil habitantes”, manifestaron, al tiempo que exigieron el cumplimiento del pago de las indemnizaciones, el cual, según denunciaron, debió haberse efectuado días atrás.
Los ex empleados también expresaron su disconformidad ante la ausencia de información oficial y dirigieron sus críticas tanto hacia la dirección de la empresa como hacia la representación gremial. Denunciaron que, a pesar de la declaración de crisis, ciertas áreas de la compañía mantienen su operatividad y demandaron respuestas claras ante la incertidumbre laboral.
Un conflicto con repercusión en la economía regional
Los trabajadores enfatizaron la falta de respaldo por parte de la organización sindical y alertaron sobre el impacto directo del cierre en la economía local. La paralización de las plantas deja sin fuente de ingresos a cerca de 200 familias y genera una marcada preocupación en las comunidades donde el frigorífico se erigía como una de las principales fuentes de empleo.
El conflicto se desarrolla en un escenario de complejidad para la industria cárnica y añade un nuevo foco de tensión social, mientras se aguardan posibles instancias de negociación o la adopción de medidas que permitan reconducir la situación y ofrecer soluciones a los trabajadores damnificados.
