El caso que involucra a Jaime se centra en una red de sobornos relacionados con la obtención de contratos para proyectos ferroviarios, obras en el sistema de subterráneos y el mantenimiento de la hidrovía del río Paraná. Junto a él, son acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, su sucesor Juan Pablo Schiavi, así como los empresarios Aldo Benito Roggio y Benjamín Gabriel Romero.
El fiscal Carlos Stornelli había indicado que la asociación ilícita, que supuestamente lideraba la exmandataria, estuvo bajo la responsabilidad de Jaime entre el 1 de junio de 2003 y el 1 de julio de 2009. Según Stornelli, se estima que Jaime y Schiavi habrían recaudado alrededor del 5% en sobornos relacionados con contratos en el sector.
Durante la audiencia, Jaime se centró en descalificar las declaraciones de Roggio y Romero, alegando que sus afirmaciones eran infundadas. “Niego totalmente las acusaciones sobre todo los dichos de Romero, Roggio y algunos dichos de (Sergio) Taselli”, afirmó. Además, cuestionó las llamadas “fotocopias” de los cuadernos, atribuidas a Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, como evidencia de coimas que él supuestamente exigía.
Jaime rechazó las afirmaciones de los arrepentidos, calificándolas de “falsedades totales”. Sostuvo que dichas declaraciones fueron realizadas bajo presión. En su defensa, indicó que no había mantenido reuniones con Aldo Roggio al inicio del gobierno de Kirchner, desmintiendo la afirmación de que se le había solicitado un 5% de los subsidios al transporte público. “Nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho. Tengo entendido que con el ministro De Vido sí se reunía”, concluyó el exfuncionario.
