La minería en Argentina se encuentra en un “momento bisagra”, impulsada por la propuesta del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la urgente necesidad de establecer un marco de seguridad jurídica sólido para atraer capitales.
El RIGI ya abarca proyectos mineros con una inversión potencial de u$s42.000 millones, con seis proyectos aprobados por más de u$s7.188 millones. Las proyecciones estiman que, con este marco, las exportaciones mineras podrían alcanzar los u$s20.000 millones para 2035.
Autoridades nacionales y provinciales, como Karina Milei y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacaron el “enorme potencial” desaprovechado, ilustrando la brecha con Chile, que exporta 12 veces más. El consenso es que la clave para revertir esta situación radica en el ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica.
El gobierno de Javier Milei, a través del ministro del Interior, Diego Santilli, busca transformar al país de ser “un país con minería” a un “país minero”. El sector privado, representado por la CAEM, reconoció este “momento bisagra” citando la estabilidad macroeconómica, la implementación del RIGI y la modificación de la normativa de glaciares como factores clave para que la inversión se traduzca en empleo genuino.
