Los tres técnicos que actualmente integran el equipo de la agencia han optado por acogerse al programa de retiro voluntario implementado por el organismo. Esta iniciativa, que busca reducir considerablemente el número de empleados, tenía como fecha límite de inscripción a finales de mayo, aunque se prorrogó hasta el 10 de junio. Según informa el portal especializado Bichos de Campo, la posibilidad de eventuales despidos tras el vencimiento de ese plazo intensificó la cantidad de solicitudes, con un total que ya alcanza las 900 en el instituto.
Como resultado, la oficina de Brinkmann se quedará sin el personal necesario para atender las demandas del sector productivo local, lo que implica que los productores de esta área, caracterizada por su fuerte inclinación agropecuaria, carecerán de asesoría y soporte técnico.
Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, se había expresado anteriormente sobre las agencias de extensión rural, indicando que, si fuera por él, cerraría todas. Sin embargo, en este caso, la clausura no se debe a una orden directa, sino a la falta absoluta de recursos humanos disponibles.
En respuesta a esta situación, el municipio de Brinkmann emitió un contundente comunicado en contra de esta decisión. El gobierno municipal argumentó que “durante casi 60 años, el INTA Brinkmann, a través de sus profesionales y en conjunto con los productores y las familias rurales, llevaron adelante tareas y programas que mejoraron la producción, cuidando el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos”.
El comunicado destacó el Programa Pro Huerta, que “permitió a cientos de personas encontrar en la producción de alimentos una fuente de sustento para sus economías familiares”. Además, enfatizó que “la ciencia aplicada al desarrollo de las economías regionales, la investigación al servicio de la producción y los recursos del Estado en beneficio de las comunidades del interior han sido, entre muchos otros, los beneficios que la presencia del INTA en todo el país ha dejado en cada rincón de Argentina”.
Asimismo, el municipio se opuso “al cierre del INTA en Brinkmann, al proceso de achique inconsulto y al feroz vaciamiento en todo el territorio argentino”.
Por otra parte, la administración municipal advirtió que “si el Gobierno Nacional decide el cierre de las oficinas de Brinkmann, su edificio, construido con la colaboración de toda la comunidad local, no debería ser considerado un bien sujeto al mercado. Debe permanecer como patrimonio de toda la ciudad y como un recurso para el bien común”.
“Un Estado y un sistema científico, técnico y productivo al servicio de las comunidades del interior es no solo responsabilidad de todos, sino también una necesidad para una Argentina realmente grande, justa y soberana”, concluyó el comunicado.
Mientras tanto, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín falló a favor de ATE y ordenó la suspensión de la Resolución 24/2026 del INTA, con el fin de impedir la supresión de funciones y unidades dependientes, así como movimientos laborales, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslados de equipos y la posible venta o subasta de propiedades.
La resolución firmada por el Juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto se refiere a que la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y sus agencias de extensión son estructuras diseñadas para la investigación científica, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la agricultura familiar, actividades que están intrínsecamente vinculadas con los objetivos promovidos por la Constitución Nacional y diversas leyes del país.
