Recientemente, la UE modificó una regulación que las compañías argentinas productoras de gas estaban monitoreando de cerca: se refiere a las emisiones de metano, el principal componente del gas natural y un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento considerablemente superior al del dióxido de carbono.
Esta regulación suscitaba inquietudes en la región de Vaca Muerta. A pesar de que, en comparación internacional, las emisiones de metano de la formación neuquina son bajas —superadas por las de países como Argelia—, se han incrementado ostensiblemente debido al aumento en la producción de petróleo.
El asunto se refiere específicamente al venteo o flaring, que ocurre cuando el petróleo extraído viene acompañado de gas asociado y, en ausencia de infraestructura adecuada, este gas es quemado en antorchas en las zonas petroleras de Neuquén. Se trata de una falla de mercado, ya que construir un gasoducto resulta más costoso que el valor del gas mismo y su almacenamiento plantea complejidades.
Un informe del Banco Mundial destaca que Argentina fue el país que más intensificó la quema de gas entre 2016 y 2021, duplicando sus cifras anteriores, superando a naciones como México, Siria, Irán, China y Rusia, y posicionándose como el segundo en América Latina con mayores niveles de venteo, solamente detrás de Venezuela.
El reglamento europeo, aprobado para 2024, impone exigencias crecientes a los importadores de petróleo, gas y carbón. Desde mayo del año pasado, deben detallar el origen de cada cargamento, su ruta y las mediciones de emisiones. En 2024, tendrán que asegurar que los hidrocarburos provengan de países que cumplan con normativas equivalentes a las de la UE, y para 2028 deberán informar la cantidad de metano emitido durante su producción. El punto culminante será en 2030, cuando solo se permitirá la entrada al bloque de energía que esté por debajo de un límite de emisiones que establecerá la Comisión Europea.
Una de las novedades es que Bruselas suspenderá temporalmente las multas para las empresas energéticas debido a la crisis de suministro. En el actual contexto de aumento de precios de la energía, no hay margen para duras penalizaciones, según trascendió. En los últimos meses, Estados Unidos, como segundo proveedor de gas del bloque, realizó un cabildeo significativo para suavizar la regulación, una negociación que Argentina observaba con interés y que resulta favorable.
Asimismo, una delegación de la Comisión Europea realizó reuniones virtuales con técnicos de YPF y Pan American Energy (PAE) a finales del año pasado. En estos talleres, los funcionarios europeos respondieron preguntas y las empresas argentinas compartieron sus esfuerzos para medir y minimizar las emisiones de metano, los nuevos estándares según los que Bruselas evaluará a sus proveedores de energía.
Además, en abril, Neuquén presentó el Procedimiento de Reporte de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para monitorear las emisiones en el sector hidrocarburífero, junto a un plan que establece una meta de reducción del 16% en las emisiones por la próxima década, considerando un notable aumento en la producción.
La regulación sobre metano es especialmente significativa, ya que Argentina iniciará exportaciones de gas natural licuado (GNL) a Europa en 2027. La estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) fue la primera en suscribir un contrato de compra, asegurando el 80% de la capacidad del primer buque de licuefacción que traerá al país Southern Energy (SESA), un consorcio que incluye a PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar, de Noruega (10%). Un segundo proyecto más ambicioso está en marcha, donde YPF y la italiana ENI planean construir hasta tres plataformas flotantes de licuefacción, siendo la petrolera europea la principal compradora.
La búsqueda de nuevos proveedores energéticos responde a una lógica transparente: la dependencia energética representa una vulnerabilidad estratégica, como lo ha evidenciado Europa. La invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 dejó en evidencia los riesgos asociados a una dependencia excesiva del gas ruso. Desde entonces, la UE ha acelerado sus esfuerzos para diversificar fuentes y ha disminuido su consumo, utilizando un 18% menos de gas que en 2021, al pasar de 408.000 millones de metros cúbicos a 337.000 millones en 2025. Noruega encabeza el suministro con un 31%, seguida por Estados Unidos (26%), el norte de África (13%) y Rusia (12%), mientras que Azerbaiyán, Qatar y Gran Bretaña aportan alrededor del 4% cada uno.
