Mientras tanto, en la justicia federal de Río Negro se presentan objeciones ante la entrega de las represas hidroeléctricas del Comahue, resultado de una decisión unilateral del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Roberto Villamonte. En este contexto, el Defensor del Pueblo bonaerense presentó una denuncia, afirmando que el proceso de privatización no incluye “elementos básicos que garanticen el acceso al agua”, omitiendo deliberadamente la existencia de “pasivos ambientales en territorio bonaerense”.
El juez López adoptó una medida cautelar que impide la venta de activos de la empresa responsable del servicio de agua y saneamiento. En su resolución, el magistrado remitió su decisión a la Cámara Federal de La Plata, argumentando que el plan de privatización impulsado por el Gobierno no fortalece las obligaciones de “garantizar un acceso a la cobertura sanitaria”, no mejora los mecanismos de recomposición y prevención, y, por el contrario, “tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas”. Además, no se han considerado los efectos a mediano y largo plazo de los pasivos ambientales verificados como daños para los habitantes de la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, el juez respaldó la postura del Defensor del Pueblo bonaerense, subrayando que el derecho colectivo a un acceso adecuado al agua potable debe asegurar que las comunidades cuenten con un suministro suficiente, seguro y equitativo, protegiendo así el derecho a la salud pública, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo social.
El 15 de mayo de este año, el propio gobierno de Javier Milei anunció el inicio de “la Licitación Pública Nacional e Internacional para la venta y transferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) de titularidad del Estado Nacional, en el marco del proceso de privatizaciones promovido por el Presidente para reducir la participación estatal en la economía y fomentar la inversión privada en servicios públicos”.
Entre los posibles interesados en la compra se mencionan a Mauricio Filiberti, el Grupo Roggio, así como dos consorcios brasileños y uno francés.
La Defensoría había solicitado que se suspendieran todos los actos administrativos relacionados con la privatización de AySA, alegando que la misma afectaría un esquema de mayor exigencia ambiental para la empresa en cuestiones de inversiones, mantenimiento, expansión, saneamiento, remediación ambiental y continuidad del servicio público. En su presentación, se indicó que “todo ello, no considerado en el pliego de la licitación de AySA, pone en riesgo tanto el derecho humano al acceso al agua potable como el derecho a un ambiente sano, ambos contemplados en la Constitución Nacional”.
Además, se dieron a conocer las objeciones que están siendo revisadas, mientras se informa que el presidente del Tribunal de Tasaciones Nacional, Roberto Villamonte, reconoció haber comunicado al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, la imposibilidad de avanzar en la tasación de las represas del Comahue y otros activos, sin consultar a los demás miembros del Tribunal.
Villamonte argumentó que el reglamento interno del Tribunal de Tasaciones le otorga la facultad de representar al organismo. Sin embargo, la resolución de 2023 que menciona establece que solo tiene atribuciones para “representar al Tribunal ante los poderes públicos, los Tribunales de Justicia, autoridades y terceros” y que, en situaciones de especial relevancia, debe consultar al Cuerpo Colegiado.
En cuanto a las represas hidroeléctricas, el Gobierno ya ha avanzado en su proceso. Los principales beneficiarios son el Grupo Neuss (Edison) y la empresa de Rubén Cherñajovsky (Newsan).
Este aspecto que Villamonte parece omitir ya tiene repercusiones legales, ya que la fundación Soberanía, de Neuquén, presentó una demanda ante el Tribunal, alegando que Villamonte también evitó avanzar en la tasación solicitada por el Ministerio de Economía. Según fuentes especializadas, el Tribunal de Tasaciones habría delegado esta tarea a bancos que no cumplieron con ella. Así, la demanda alega que las hidroeléctricas, de las cuales dos fueron adjudicadas a los Neuss, fueron “rematadas” sin una valoración oficial. Hasta el momento, el juez federal de General Roca, Hugo Greca, no ha solicitado el contrato que permanece bajo un estricto secreto. Su tardanza puede ser comprensible, ya que enfrenta acusaciones de maltrato a una abogada defensora durante una audiencia.
El procedimiento que involucra tanto al Ministerio de Economía como al Tribunal de Tasaciones expone un patrón operativo, como quedó evidenciado en el caso de Nucleoeléctrica, donde Villamonte se apartó de sus responsabilidades al frente del Tribunal, ya que el Gobierno busca que la tasación sea realizada por el BNA o el BICE, entidades que no cuentan con expertos capacitados para llevar a cabo dicha tarea.
