Sus defensores, Alejandro Montiel y Fernando Diez, presentaron un detallado escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, donde manifestaron su oposición “en todos sus términos” a la solicitud de la querella de ampliar y fortalecer las reglas de conducta, así como implementar medidas complementarias de control.
Entre las peticiones más relevantes, la defensa demandó el cese de la prisión preventiva. En la actualidad, Piccirillo cumple su detención en un departamento en Banfield, en el que tiene acceso a una terraza donde ha instalado un jacuzzi, una parrilla y una mesa para varias personas.
La investigación en contra de Piccirillo comenzó el 13 de febrero de 2025, y fue detenido el 20 de marzo de ese mismo año. Inicialmente, fue recluido en la cárcel de Ezeiza, pero posteriormente se le concedió el arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica, y se determinó un embargo de $900.000.000.
Los abogados argumentaron que, desde entonces, conforme a los informes de la oficina de monitoreo electrónico y del Servicio Penitenciario Federal, Piccirillo ha cumplido con todas las disposiciones “sin irregularidad alguna”.
Además, enfatizaron que él es “el único de los imputados que se encuentra en situación de encierro”, a diferencia de los demás coimputados, entre ellos exintegrantes de fuerzas de seguridad, quienes están en libertad durante el proceso.
“La prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y se desnaturaliza cuando opera como pena anticipada”, sostuvo la defensa, añadiendo que no se ha acreditado un riesgo concreto de entorpecimiento ni de fuga, y que “el desempeño intachable del arresto domiciliario demuestra de forma empírica que los fines de la coerción están garantizados mediante medios menos lesivos”.
“En conclusión: eliminando los adjetivos, la presentación carece de un solo hecho. No hay pruebas, no hay actos concretos, no hay comportamientos específicos de mi asistido que apunten a obstaculizar el proceso. Solo hay conjeturas. Y sobre la base de conjeturas no se puede restringir a nadie”, se expone en el escrito.
Por estas razones, la defensa solicitó la modificación de la suma del embargo, proponiendo que se acepte el depósito judicial de $200.000.000 como sustitución y que se levanten las anotaciones sobre los bienes inmuebles. También pidieron la devolución de la caución de $100.000.000 relacionada con la exención de prisión y el levantamiento de la inhibición general sobre sus bienes.
