La oficialidad ha reconocido este avance: el ministro de Defensa, Carlos Presti, se presentó el 3 de julio en Río Cuarto para la primera demostración de cuatro pilotos del “sistema de armas F16”, quienes volaron sin sus instructores. “En el marco del Programa Peace Cóndor, la Argentina ha logrado la primera certificación en el proceso de habilitación de sus pilotos”, se indicó en un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa.
Sin embargo, el progreso en la formación de pilotos se ve opacado por la continua salida de personal militar, que ya no puede complementar sus ingresos con trabajos secundarios. De acuerdo a fuentes consultadas, los pilotos de F16 perciben aproximadamente $1.200.000, aunque hay posibilidades de aumentos salariales por la mejora en los sueldos estatales, reconocimiento de títulos y suplementos por las horas de vuelo. No obstante, se destacó que aún no se ha autorizado el incremento del suplemento, lo que limita la posibilidad de una mejora significativa.
Desde inicios de año, cerca de 2.000 agentes de la Fuerza Aérea han renunciado atraídos por ofertas más lucrativas. En los últimos meses, ha sido notable la deserción de personal altamente capacitado, incluyendo a dos pilotos de helicópteros presidenciales y un ingeniero aeronáutico que optó por una propuesta salarial de $4 millones de una empresa energética.
Los pilotos de la aeronave presidencial reciben aproximadamente $1.700.000, además de los viáticos por las extensas giras internacionales del presidente Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada.
Un factor crucial en esta disparidad salarial es la decisión del Gobierno de revocar la “jerarquización salarial” que había sido implementada por la administración anterior. Esta medida, sumada al congelamiento de aumentos paritarios, ha llevado a los militares a cobrar un 40% menos que sus colegas en las fuerzas de seguridad como Gendarmería y Prefectura.
Las críticas hacia la actual gestión se dirigen especialmente al ministro Luis “Toto” Caputo, quien no ha autorizado mayores desembolsos económicos, lo que ha repercutido en la financiación de la obra social OSFA. Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación, también es cuestionado por sus intentos de “optimizar” el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
Detalles sobre una reorganización dentro del Ejército, contenida en un documento reservado titulado “Conformación del Destacamento Pesado”, indican que se planea fusionar el Regimiento de Caballería de Tanques 1 con el Regimiento de Infantería Mecanizada 5 en la Guarnición Militar de Villaguay, Entre Ríos. Se advirtió que esta reducción estructural de dos regimientos a uno más limitado es alarmante.
Asimismo, en la fase tres de esta propuesta, se plantean ajustes en recursos humanos, materiales y financieros, así como una integración progresiva en tareas comunes.
La desinversión progresiva en las Fuerzas Armadas también se manifiesta en la decisión gubernamental de vender terrenos militares. En octubre del año pasado, un predio del Ejército en Palermo fue vendido por 127 millones de dólares, y este año se está considerando la venta de parte de la Base Naval de Mar del Plata.
De acuerdo con el informe de la Jefatura de Gabinete de mayo de 2026, en la administración de Javier Milei se han desafectado en total 35 propiedades del Estado, algunas de ellas pertenecientes al ámbito de Defensa, como el predio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero, que fue vendido por 34 millones de dólares en 2025.
