La medida fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, quien se basó en un exhaustivo informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal. Este documento reconstruyó el recorrido de los activos digitales desde las denominadas “Team Libra Wallets” hasta diferentes plataformas de intercambio de criptomonedas.
El juez consideró que hay elementos suficientes para avanzar con medidas cautelares, dado que se cumplen requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, condiciones necesarias para evitar la desaparición de los fondos antes de que se cierre la investigación.
En su resolución, el magistrado señala que estas acciones patrimoniales buscan “garantizar la futura ejecución de los derechos” y asegurar la posibilidad de un eventual decomiso de bienes relacionados con el delito, intentando que no se consolide “el producto o provecho obtenido de manera ilícita”.
El fallo describe cómo, según el informe, los fondos siguieron una “secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain” relacionadas con las billeteras asociadas al “Team Libra”. Las wallets en cuestión distribuyeron activos hacia diversas direcciones, que luego actuaron como nodos de concentración antes de culminar en los exchanges internacionales.
El informe presentado en la causa concluye que “el análisis realizado permitió reconstruir una secuencia de movimientos de fondos que se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y continúa a través de distintas direcciones intermedias, hasta alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance”. Además, se asegura que “los elementos obtenidos permiten establecer una vinculación transaccional entre las direcciones analizadas, integrándolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros relacionada con la estructura investigada”.
Uno de los aspectos destacados en el fallo menciona un presunto modo de operar conocido como “pitufeo digital” o “smurfing”. El juez, al resumir el informe policial, explica que tras arribar los fondos a una cuenta centralizada, estos comenzaron a ser distribuidos en múltiples billeteras, buscando dificultar su seguimiento.
La resolución detalla que esta estrategia implicó “la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas (VASP) para liquidar los activos en moneda fíat o dificultar su rastreo”. En el fallo se menciona: “Se desplegó una estrategia de pitufeo digital o estructuración -smurfing-, consistente en la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas (VASP – Virtual Asset Service Providers), con la finalidad de liquidar los activos en moneda fíat o de dificultar su rastreo”.
El juez, al evaluar el caso, vuelve a destacar el objetivo de la investigación. Reitera que el expediente busca aclarar las circunstancias que rodearon “el lanzamiento y promoción de un criptoactivo denominado ‘$LIBRA'” y menciona que el 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei había publicado un mensaje en sus redes sociales promoviendo el proyecto y el contrato para adquirir el token.
La resolución añade que, de acuerdo a la denuncia, el precio del activo pasó de 0,01 dólares a casi 5 dólares tras esta publicación, pero en pocas horas sufrió un desplome, lo que habría facilitado el retiro de alrededor de 100 millones de dólares por parte de un selecto grupo de billeteras. Esta maniobra, según se indica, “habría generado una pérdida de valor en las tenencias de más de cuarenta mil personas que habían adquirido el token” luego del mensaje presidencial.
Además del congelamiento de las cuentas de criptomonedas, el juez instruyó a varios exchanges a entregar los legajos completos de los clientes asociados a dichas cuentas. Esta orden incluye la documentación necesaria para la apertura de cuentas (KYC), registros de conexiones IP, movimientos de criptoactivos, cuentas bancarias vinculadas, direcciones utilizadas para las transacciones y memorandos internos que se relacionen con estas operaciones.
Los requerimientos serán ejecutados por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, con la posible colaboración de Interpol cuando sea necesario. Para justificar la urgencia de las medidas, el juez concluyó que el flujo de dinero reconstruido “podría generar consecuencias irreversibles para el desarrollo de la presente investigación” y que, dada la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, es necesario mantener congeladas las cuentas “para evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior”.
