La disputa por los contratos de organización de partidos amistosos de la Selección Argentina ha alcanzado una nueva fase crítica. Javier Faroni, a través de su firma TourProdEnter LLC, ha formalizado una denuncia penal contra Guillermo Tofoni, titular de World Eleven. El conflicto surge a raíz de la gestión comercial de la AFA y ha derivado en una batalla legal radicada en la Fiscalía Nacional N° 48 y el Juzgado Nacional N° 17.
La denuncia se centra en el presunto falso testimonio agravado y estafa procesal por parte de Tofoni. Según el escrito judicial, Tofoni incurrió en contradicciones flagrantes al afirmar bajo juramento que no conocía a Faroni ni mantenía reclamos contra TourProdEnter, a pesar de basar sus propias acciones legales previas en cuestionamientos hacia dicha empresa y su operatoria con la AFA.
Además, se señala que Tofoni admitió no haber tenido a la vista el contrato principal entre la AFA y TourProdEnter, contradiciendo la base documental de sus denuncias originales. Estas inconsistencias en sus declaraciones testimoniales son el eje principal de la nueva acusación penal presentada por los abogados Rusconi y Palmeiro.
Un punto de gran tensión es la utilización de documentos obtenidos mediante el procedimiento de “discovery” en Estados Unidos. El tribunal del Distrito Medio de Georgia autorizó dicho material exclusivamente para un litigio comercial. Sin embargo, la denuncia de Faroni sostiene que Tofoni ignoró la “Protective Order” del juez Clay D. Land al emplear esa información confidencial para impulsar causas penales en Argentina.
Esta supuesta extralimitación en el uso de pruebas internacionales agrava la situación procesal de Tofoni, sugiriendo un desacato a las normativas de la justicia estadounidense y una manipulación de la evidencia en el foro local.
La justicia argentina deberá ahora investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 172, 173 y 275 del Código Penal. La defensa de Faroni solicita un análisis exhaustivo de las declaraciones de Tofoni prestadas con 24 horas de diferencia, donde se detectaron versiones opuestas sobre su conocimiento de las restricciones legales impuestas en EE.UU.
