La decisión fue comunicada durante una reunión ampliada del Consejo Federal de Educación, encabezada por la ministra Sandra Pettovello y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, junto con representantes de las áreas educativas de las distintas jurisdicciones del país.
Durante el encuentro se definieron los mecanismos necesarios para sostener la continuidad del dictado de clases y coordinar las tareas de supervisión que se llevarán adelante durante la jornada de protesta para verificar el cumplimiento de la normativa.
Desde el Ministerio señalaron que la medida busca garantizar el derecho de los estudiantes a recibir educación y brindar mayor previsibilidad a las familias. Además, remarcaron que el Poder Ejecutivo cuenta con facultades para controlar que se cumpla con el porcentaje mínimo establecido.
La decisión se toma en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), una protesta de 24 horas que tendrá impacto en establecimientos educativos de todo el país y coincidirá con el reinicio de las clases luego del receso invernal en varias jurisdicciones, entre ellas la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
Según informó el Gobierno, la exigencia de mantener el 75% de cobertura no será solo una disposición formal. La Secretaría de Educación trabajará junto con las provincias para supervisar la prestación del servicio durante la jornada de huelga.
Los sindicatos docentes justificaron la medida de fuerza al señalar que existe una falta de respuesta del Gobierno a sus pedidos de reapertura de las negociaciones salariales. Entre sus reclamos incluyen una mejora en los ingresos, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento de los recursos destinados al sistema educativo.
Desde el oficialismo sostienen que la prioridad es preservar el derecho a la educación y garantizar que las familias puedan contar con previsibilidad frente a la jornada de protesta.
Las organizaciones sindicales respondieron cuestionando la aplicación de la normativa sobre la esencialidad del servicio educativo. Desde las centrales gremiales consideran que la medida puede afectar el derecho constitucional a la huelga y la capacidad de los trabajadores de expresar sus reclamos.
Además del conflicto salarial docente, los sindicatos plantean reclamos vinculados con la situación económica general, el financiamiento de las políticas públicas y el rol del Estado. Las organizaciones anunciaron movilizaciones durante la semana en rechazo a lo que consideran un proceso de reducción de derechos y debilitamiento de las estructuras estatales.
La jornada del lunes 3 de agosto concentrará así un enfrentamiento entre dos posiciones contrapuestas: por un lado, la decisión del Estado de garantizar la continuidad del servicio educativo y, por otro, el reclamo sindical por mejoras salariales, condiciones laborales y el ejercicio del derecho a la protesta.
