Antes de iniciar el tratamiento de la iniciativa, la Cámara deberá resolver dos pedidos para participar de manera virtual en la sesión. La senadora Anabel Fernández Sagasti solicitó esa modalidad debido al avanzado estado de su embarazo, mientras que el senador Flavio Fama realizó el mismo pedido tras una intervención quirúrgica de rodilla. Ambos cuentan con la autorización de la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque la habilitación definitiva dependerá de la aprobación del pleno, que también deberá definir si la votación se realiza por mayoría simple o por dos tercios, ya que el sistema virtual aún no fue incorporado al reglamento del cuerpo.
La exclusión del capítulo vinculado a la extranjerización de tierras fue acordada entre los 44 senadores que integran los bloques de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros espacios aliados. De este modo, quedó fuera del debate el artículo que proponía modificar la definición de titularidad extranjera establecida en la Ley 26.737 de Tierras Rurales, mientras que el resto del proyecto continuará su tratamiento sin cambios.
La iniciativa que será sometida a votación incorpora modificaciones al Código Civil y Comercial con el objetivo de agilizar los procesos de desalojo. Entre los principales cambios se establece que las demandas por inmuebles urbanos y rurales se tramiten mediante un procedimiento sumarísimo, se amplían los casos en los que un juez podrá ordenar la restitución inmediata de un inmueble y se habilita el uso de la fuerza pública, allanamientos y apertura de cerraduras para concretar los desalojos.
El proyecto también contempla medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad. En los casos en que existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, será obligatoria la intervención de los organismos de protección correspondientes y del Ministerio Público Tutelar, otorgándoles un plazo de diez días para acceder a una alternativa habitacional.
En el caso de inquilinos con deudas, se prevé un procedimiento gradual que incluye el envío de una carta documento y un plazo de diez días corridos para regularizar la situación antes de avanzar con el desalojo.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la modificación del régimen de incendios. El texto elimina el plazo de 60 años que actualmente impide cambiar el uso de bosques nativos e implantados, humedales y áreas protegidas afectados por incendios. También deroga la restricción de 30 años vigente para zonas agropecuarias, pastizales, praderas, matorrales y áreas de interfaz urbano-rural, por lo que dejará de existir la prohibición nacional para subdividir, lotear o desarrollar proyectos inmobiliarios en esos terrenos tras un incendio.
Para los bosques nativos se mantendrá la prohibición de modificar el uso que tenían antes del incendio, aunque ya no se establecerá un plazo específico. El proyecto tampoco incorpora sanciones particulares para quienes provoquen incendios de manera intencional ni mecanismos preventivos durante la investigación de su origen.
La propuesta incluye además cambios en el régimen de expropiaciones y en la normativa que regula el Registro de la Propiedad Inmueble. Entre las modificaciones previstas se establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y contar con una fundamentación obligatoria por parte del Estado. También se fija un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante y se determina que los intereses se calcularán según el Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días.
En materia registral, se incorpora la posibilidad de utilizar firma digital para la presentación de documentación, se fija un plazo máximo de 30 días para la calificación de los trámites y se prevé la creación de un Consejo Federal de Registros, una red digital de inhibiciones y una ventanilla única para gestiones inmobiliarias.
Además, el proyecto modifica el régimen de regularización dominial conocido como ley Pierri, permitiendo que las familias que acrediten la posesión pública de su vivienda durante los últimos diez años puedan acceder a la escritura de su única propiedad.
Tras retirar el capítulo referido a las tierras rurales, el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para aprobar un proyecto que mantiene reformas en materia de desalojos, incendios, expropiaciones y registros de la propiedad.
