La resolución fue adoptada por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. La investigación sostiene que ambos exfuncionarios habrían coordinado la obtención de los DNI de distintos electores a cambio de dinero, gestiones municipales o asistencia social.
Entre los bienes ofrecidos como contraprestación por los documentos se mencionaron alimentos, materiales de construcción y colchones. De acuerdo con la investigación, varias de las personas que declararon como víctimas no recuperaron sus DNI antes de los comicios, por lo que no pudieron ejercer su derecho al voto.
La acusación sostiene que los hechos incluyeron acciones coordinadas mediante violencia, intimidación, amenazas, coacciones, engaños y ofrecimientos ilegítimos. El objetivo habría sido obstaculizar el ejercicio del sufragio y, en algunos casos, condicionar el voto de los electores hacia determinados candidatos.
En su resolución, los jueces remarcaron que el sistema electoral debe garantizar la expresión libre de la voluntad popular y destacaron el carácter fundamental de los derechos de participación política dentro de una democracia representativa.
Los magistrados también señalaron que la retención, incluso temporal, de los documentos que acreditan la identidad puede privar a una persona del ejercicio de sus derechos políticos. En ese sentido, consideraron que el sufragio constituye la base sobre la cual se organiza el poder en un sistema democrático.
La investigación contra Rappallini se inició en 2019, durante las elecciones en las que logró imponerse en Maipú por una diferencia de apenas 49 votos. El entonces candidato de Juntos por el Cambio obtuvo 4.212 votos frente a los 4.163 de Carlos Coudannes, del Frente de Todos.
A partir de las denuncias se investigó la presunta retención de los documentos de al menos 27 ciudadanos que no pudieron votar y la posterior entrega de esos DNI a cambio de dinero, alimentos u otros bienes.
Rappallini había asumido la intendencia de Maipú en 2015, en reemplazo de su hermano Aníbal, y en 2019 buscó la reelección. Otermín se desempeñaba entonces como secretaria de Gobierno y posteriormente asumió de manera interina la intendencia tras acceder a una banca de concejal por el radicalismo en 2023.
Ambos fueron procesados inicialmente en el marco de la investigación federal. Según las actuaciones, la mayoría de las presuntas víctimas se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica, con una presencia significativa de mujeres con hijos a cargo.
