La iniciativa forma parte de la estrategia del oficialismo para avanzar con proyectos que tienen dictamen pendiente y destrabar el tratamiento de iniciativas que permanecen demoradas en el Senado. El esquema contempla un diálogo directo entre funcionarios nacionales y provinciales para anticipar objeciones y facilitar el avance del proyecto.
Las reuniones fueron organizadas en tres jornadas, de acuerdo con la agenda de cada jurisdicción. Este lunes participaron los ministros de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy. El martes por la mañana será el turno de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones. Por la tarde, con la participación de Bullrich, se completará la ronda con Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
El proceso alcanza a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires y busca incluir a las distintas jurisdicciones más allá de sus alineamientos políticos.
La negociación se produce después de las diferencias que surgieron cuando el proyecto fue presentado en el Senado en abril. Varios gobiernos provinciales habían cuestionado modificaciones introducidas en el texto original, entre ellas el reemplazo del concepto de “padecimiento mental” por “trastornos mentales o del comportamiento”, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades.
La nueva versión del dictamen incorpora ese reclamo y recupera el concepto de “padecimiento” en la definición principal de la ley. La modificación fue incluida por la Comisión de Salud del Senado, que trabajó sobre las distintas observaciones planteadas por las bancadas.
El texto consensuado también incorpora aportes surgidos durante las audiencias, en las que participaron más de 70 especialistas, organizaciones familiares, asociaciones profesionales y funcionarios judiciales.
Entre las modificaciones figura la definición del equipo interdisciplinario responsable de los tratamientos. Según el artículo 7, deberá estar integrado por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales y otros profesionales afines, con la presencia de al menos un médico psiquiatra.
La conformación de estos equipos podrá adecuarse a los recursos humanos disponibles en cada jurisdicción, una cuestión relevante para las provincias con menor infraestructura sanitaria. Además, el proyecto incorpora la teleconsulta como herramienta para ampliar la cobertura. De acuerdo con datos oficiales incluidos en el proyecto, 20 de las 23 provincias cuentan con camas de internación para salud mental y 16 adhirieron formalmente a la legislación vigente desde 2010.
El dictamen también mantiene la descripción de los dispositivos de atención e inclusión social contemplados en la normativa actual, entre ellos las consultas ambulatorias, los servicios de inclusión laboral posteriores a las internaciones, la atención domiciliaria supervisada, las casas de convivencia, los hospitales de día y los centros de capacitación sociolaboral.
En materia de internaciones, el texto conserva el requisito de dos firmas profesionales, una de ellas correspondiente a un médico, preferentemente psiquiatra. Las internaciones involuntarias solo podrán realizarse cuando exista un riesgo considerable para la vida o la integridad de la persona o de terceros.
Para las internaciones excepcionales, el plazo para la intervención asincrónica del psiquiatra se amplió de 24 a 48 horas. El proyecto también establece la obligación de elaborar un plan de egreso desde el diagnóstico y fija un límite temporal para considerar prolongada una internación: 180 días corridos o la acumulación de ese período en dos años como consecuencia de reinternaciones.
La nueva versión también restituye las facultades vigentes del Órgano de Revisión e incorpora un registro específico de internaciones prolongadas. A su vez, contempla un apartado para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de sustancias, con equipos especializados en atención infantojuvenil, espacios diferenciados de los destinados a adultos y coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con los establecimientos destinados a la atención. El proyecto original contemplaba la posibilidad de habilitar internaciones en hospitales psiquiátricos especializados, tanto públicos como privados. El dictamen, en cambio, prohíbe expresamente la creación de manicomios y las internaciones crónicas por motivos de salud mental, en línea con el modelo de desmanicomialización establecido en 2010.
El texto permite la habilitación de hospitales monovalentes, pero impide las internaciones crónicas o de por vida, el aislamiento social y la institucionalización indefinida.
Otro punto central para las provincias es el artículo 41, referido a la cooperación económica, técnica y financiera entre la Nación y las jurisdicciones para implementar la ley. Ese artículo había sido eliminado de una versión anterior, lo que había generado reclamos de gobernadores ante la posibilidad de que las provincias debieran afrontar sin respaldo presupuestario las modificaciones necesarias en sus sistemas de salud mental. La versión actual del dictamen reincorpora el artículo en su redacción original.
La ronda de reuniones encabezada por Lugones busca avanzar sobre estas diferencias antes del tratamiento del proyecto en el recinto del Senado. Para el oficialismo, el objetivo es cerrar las principales objeciones técnicas y evitar que la reforma de la Ley de Salud Mental se convierta en un nuevo punto de conflicto con las provincias en un período de negociaciones legislativas.
