Argentina cuenta con una importante capacidad instalada para producir biodiésel, aunque actualmente una gran parte permanece inactiva. La principal expectativa está puesta en la Unión Europea, que constituye el principal destino del producto argentino.
En enero, la Comisión Europea había propuesto modificar la normativa para considerar a la soja como un cultivo de “alto riesgo” en materia de uso del suelo. Esa clasificación podía dejar a la Argentina fuera de los estándares requeridos para exportar biodiésel al bloque. La decisión del Parlamento Europeo permitió frenar la medida y ahora la Comisión Europea deberá elaborar una nueva reglamentación sobre el uso del biocombustible.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, señaló que el biodiésel constituye el último eslabón de la cadena de valor de la soja, uno de los principales generadores de divisas del país.
La mayor concentración industrial se encuentra en Rosario y sus alrededores, donde está instalada una capacidad productiva considerada entre las mayores del mundo. Sin embargo, actualmente las plantas funcionan apenas al 15% de su capacidad, por lo que alrededor del 85% permanece sin utilizar.
El sector estima que las exportaciones al mercado europeo podrían alcanzar los US$1.500 millones anuales, aunque durante los últimos años se ubicaron en torno de los US$500 millones.
Desde el Gobierno nacional, el responsable de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, señaló que el riesgo inmediato generado por la iniciativa europea fue frenado, aunque advirtió que la discusión continúa. También planteó que la medida podía entrar en contradicción con lo acordado entre el Mercosur y la Unión Europea, dentro de cuyo esquema se había negociado una desgravación para el biodiésel argentino.
Brun destacó además la competitividad del producto que se exporta desde los puertos de Rosario hacia Europa y sostuvo que cumple con los estándares exigidos por ese mercado. En particular, remarcó que la soja utilizada no está vinculada con procesos de deforestación.
Según explicó, otro de los elementos que respalda la posición argentina es que la superficie destinada al cultivo de soja se mantiene estable desde 2018. El incremento de la producción, indicó, responde principalmente a una mejora en el rendimiento por hectárea y no a una expansión de las tierras cultivadas.
En Santa Fe, la Secretaría de Comercio Exterior conformó una mesa de trabajo público-privada junto con empresas y cámaras del sector para elaborar un dossier técnico destinado a demostrar que la producción provincial cumple con los estándares de sustentabilidad y no está asociada con deforestación ni modificaciones en el uso del suelo.
La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, señaló que se trata de un asunto estratégico para la provincia, que concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional de biodiésel y destina la totalidad de sus exportaciones a Bélgica y Países Bajos.
La funcionaria advirtió que una aplicación de la normativa europea en los términos inicialmente planteados podía afectar la continuidad de la industria nacional y de las actividades vinculadas a toda la cadena productiva.
En paralelo, el Gobierno provincial trabaja en mecanismos para atraer nuevas inversiones. Entre los proyectos en marcha se encuentra una biorefinería en San Lorenzo, con una inversión prevista de US$400 millones.
La industria también busca ampliar el uso de biocombustibles hacia nuevos sectores, especialmente la aviación y el transporte marítimo. Argentina participa de las discusiones que se desarrollan en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI), donde se definirán criterios y objetivos vinculados con el uso futuro de combustibles sostenibles.
El combustible sostenible para aviación (SAF) aparece como una oportunidad de mediano plazo, mientras que el transporte marítimo es considerado por el sector como un mercado con posibilidades de crecimiento más inmediatas para el biodiésel.
La transición energética internacional también está generando nuevas oportunidades comerciales. Según los representantes de la industria, alrededor de 50 países avanzaron durante los últimos meses con iniciativas para establecer porcentajes obligatorios de incorporación de biocombustibles, lo que podría ampliar la demanda internacional y abrir nuevos mercados para los países productores.
Sin embargo, el sector considera que el principal desafío continúa siendo el marco regulatorio argentino. Entre los cambios reclamados figuran un esquema basado en una mayor libertad entre oferta y demanda, porcentajes de mezcla obligatoria más elevados y reglas previsibles que permitan planificar inversiones de largo plazo.
En ese sentido, Idígoras cuestionó el actual sistema regulatorio, al señalar que establece mecanismos mediante los cuales se determina periódicamente quién puede producir, a qué precio y cuánto deben adquirir las petroleras.
Actualmente, la Secretaría de Energía autorizó el uso de biodiésel en el transporte marítimo y fluvial. Para ampliar ese mercado, sin embargo, el sector considera necesario avanzar con modificaciones legislativas.
Las perspectivas de expansión también están vinculadas con el crecimiento esperado de los combustibles sostenibles para aviación. De acuerdo con las proyecciones mencionadas durante el encuentro, el mercado global de SAF utiliza actualmente unas 1,5 millones de toneladas de materias primas y podría llegar a 14 millones de toneladas en 2030 y acercarse a 460 millones de toneladas hacia 2050, a medida que la aviación y el transporte marítimo avancen hacia objetivos de neutralidad de carbono.
En este escenario, el sector estima que Argentina podría duplicar sus exportaciones agroindustriales durante los próximos 20 años si consigue captar el 10% de ese mercado, debido a que la producción de SAF utiliza principalmente aceites y lípidos como materias primas.
