En las últimas semanas, las lluvias dejaron distintos caminos anegados y complicaron el movimiento en varias zonas. El escenario podría presentar nuevos desafíos durante la primavera, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional confirmara la presencia del fenómeno de El Niño y estimara que alcanzará una intensidad fuerte o muy fuerte.
Ante la posibilidad de nuevos períodos de precipitaciones, parte de los distritos podría enfrentar suelos saturados, obras hidráulicas todavía pendientes y una red vial que presenta dificultades para responder. En este contexto, además de discutir la cantidad de recursos disponibles, aparece la necesidad de revisar cómo se administran, qué nivel de planificación existe, cuáles son los mecanismos de control y qué participación tienen quienes financian y utilizan el sistema.
La provincia cuenta actualmente con dos vías principales de financiamiento para estos caminos. Por un lado, la Ley 13.010 creó el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, que asigna a los municipios con redes viales provinciales no pavimentadas el 12% de lo recaudado mediante el Impuesto Inmobiliario Rural. Por otro, cada municipio establece su propia tasa vial.
Para productores, vecinos y transportistas, la distinción entre caminos provinciales y municipales pierde relevancia en la práctica, ya que ambos forman parte de una misma red de circulación.
La legislación vigente también contempla mecanismos para organizar su mantenimiento. El Decreto 130/07 establece que los municipios alcanzados por la Ley 13.010 deben conformar una Comisión Asesora Local integrada por representantes del Ejecutivo municipal, entidades de productores y la Dirección de Vialidad provincial.
Entre sus funciones se encuentran la participación en la planificación del mantenimiento, el seguimiento de las obras y la supervisión de su cumplimiento. La normativa también contempla la elaboración de un plan técnico anual y la presentación de informes trimestrales.
De esta manera, varias de las herramientas vinculadas con la planificación, la participación y el control ya están contempladas desde hace casi dos décadas. El desafío pasa por lograr que esas disposiciones tengan una aplicación efectiva y sostenida en cada distrito.
Una de las alternativas planteadas consiste en modificar la Ley 13.010 para establecer que el funcionamiento adecuado de la Comisión Asesora Local sea una condición para mantener el acceso a los fondos provinciales. Bajo este esquema, los municipios deberían acreditar la constitución de la comisión, contar con un plan anual de mantenimiento aprobado, justificar las prioridades establecidas y disponer de mecanismos transparentes para realizar el seguimiento.
También se propone que, frente a incumplimientos reiterados, puedan aplicarse sanciones progresivas.
A su vez, la planificación no debería limitarse al mantenimiento de cada año. La propuesta contempla que cada distrito elabore un Plan Director Vial Local de carácter plurianual, con un inventario actualizado de los caminos, su clasificación, el estado de cada tramo, los niveles de tránsito, las condiciones de accesibilidad, las obras hidráulicas pendientes y un cronograma de inversiones.
La idea apunta a que la administración de los recursos se base en información concreta para determinar prioridades y asignar fondos. En ese sentido, el factor climático incorpora otro elemento que requiere previsión: la atención de emergencias también debería formar parte de la planificación.
Frente a un fenómeno de El Niño de elevada intensidad, los municipios deberían contar previamente con criterios para determinar qué caminos tienen prioridad, dónde resulta necesario disponer maquinaria y cuáles son los puntos que requieren intervenciones inmediatas. Los planes podrían contemplar corredores esenciales, accesos a escuelas y centros de salud, sectores vulnerables a inundaciones, puentes y alcantarillas críticas, además de prever la disponibilidad de maquinaria, operadores, combustible y materiales.
Las herramientas tecnológicas actuales también permiten disponer de información georreferenciada sobre el estado de los caminos, los cortes, los trabajos en ejecución y las rutas alternativas. Contar con esos datos durante períodos de lluvias puede facilitar la toma de decisiones y reducir el riesgo de aislamiento de determinadas zonas.
Otro de los puntos planteados es el acceso a la información por parte de productores y propietarios rurales, que realizan aportes económicos vinculados con el sostenimiento de la red. En ese marco, se considera necesario que puedan conocer el presupuesto destinado a los caminos, las prioridades definidas, las obras previstas y su nivel de ejecución.
Cada municipio podría informar públicamente cuánto recibió del Fondo Compensador, cuánto recaudó mediante la tasa vial, qué monto destinó al mantenimiento de caminos, qué trabajos fueron programados, cuáles se concretaron y cuál fue su costo.
En paralelo, existe un debate legislativo sobre la posibilidad de aumentar el porcentaje del Impuesto Inmobiliario Rural destinado al Fondo Compensador. La discusión sobre un eventual incremento de los recursos forma parte del debate sobre el financiamiento de la red vial, aunque la propuesta sostiene que una mayor disponibilidad de fondos debería estar acompañada por mejores mecanismos de administración.
En ese sentido, el planteo apunta a vincular el aumento de recursos con mayores niveles de planificación, profesionalización, transparencia y control.
Las condiciones climáticas representan un desafío permanente para la infraestructura rural bonaerense. Si bien las lluvias no pueden evitarse, sus efectos pueden reducirse mediante el mantenimiento de los caminos, la coordinación de las obras hidráulicas y la capacidad de anticipar las necesidades de cada distrito.
Los caminos rurales constituyen una infraestructura esencial para la actividad productiva y para la conexión de las comunidades del interior provincial. Su administración requiere recursos, pero también planificación y mecanismos que permitan establecer prioridades, conocer los costos y realizar un seguimiento de las obras.
El objetivo es que, ante un nuevo período de lluvias intensas, los municipios cuenten con herramientas y previsiones suficientes para responder sin recurrir a decisiones improvisadas.
