La medida quedó formalizada este viernes con la publicación del decreto 982 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma establece que las compensaciones económicas vinculadas con la represa serán percibidas íntegramente por Mendoza y reconoce que el complejo se encuentra dentro de su territorio.
El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, destacó la decisión y sostuvo que pone fin a un esquema que, durante más de cinco décadas, distribuyó esos recursos con La Pampa. Según planteó, al estar la instalación hidroeléctrica localizada completamente en territorio mendocino, las regalías deben corresponder en su totalidad a esa provincia.
Desde La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto cuestionó la medida y la consideró un nuevo acto de injusticia. También vinculó la decisión con la derogación del Decreto 1560/73 y afirmó que su provincia continuará reclamando por el río Atuel.
El conflicto entre ambas provincias tiene una extensa historia y se profundizó a partir de la construcción del complejo hidroeléctrico, que modificó el escurrimiento del río Atuel hacia territorio pampeano. La disputa por el recurso llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia.
El complejo fue inaugurado en 1948, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, y originalmente estuvo bajo administración del Estado nacional. En 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, Mendoza asumió el control de las fuentes hidroeléctricas.
Más de tres décadas después, en julio de 2026, el Gobierno nacional y Mendoza iniciaron el proceso de reprivatización del complejo ubicado en San Rafael.
Los Nihuiles cuenta con una capacidad instalada cercana a los 290 MW. El sistema está integrado por tres represas —El Nihuil, Aisol y Tierras Blancas—, cuatro centrales hidroeléctricas —Nihuil I, II, III y IV— y el dique compensador Valle Grande, todas las instalaciones ubicadas sobre el río Atuel.
