La iniciativa, impulsada por el senador Diego Valenzuela, plantea que el Poder Ejecutivo bonaerense y las empresas públicas deberán mantener disponibles distintos datos de gestión y actualizar la información dentro de plazos determinados. Entre los contenidos contemplados figuran las nóminas salariales, las licitaciones y los viáticos de los funcionarios. El proyecto también prevé un sistema gratuito de reclamos para que los ciudadanos puedan denunciar incumplimientos.
El planteo parte de la dificultad que, según los legisladores que impulsan la iniciativa, existe actualmente para acceder a información oficial. En ese sentido, sostienen que los mecanismos de pedidos de acceso a la información pública implican procedimientos burocráticos que dificultan la consulta de datos sobre las cuentas, la gestión y el personal de la Provincia.
El proyecto busca además incorporar al portal información sobre el destino de los recursos públicos. Para fundamentar la propuesta, los senadores analizaron el último balance de la administración bonaerense y señalaron que durante 2025 la Provincia registró un déficit equivalente al 5,6% de su presupuesto, de acuerdo con los documentos presentados ante el Senado.
Dentro de ese análisis aparecen distintos organismos y empresas estatales que requieren asistencia del Tesoro provincial. El Astillero Río Santiago registró gastos por $94.800 millones e ingresos operativos por $1.400 millones, mientras que el Tesoro aportó $93.700 millones para cubrir los salarios de su planta, según los datos utilizados para fundamentar el proyecto.
También se menciona la situación del Instituto de Previsión Social bonaerense, al que el informe atribuye un déficit financiero estructural de $1,3 billones, cubierto mediante aportes del gobierno provincial. En tanto, las empresas públicas ABSA y BAGSA acumularon pérdidas cercanas a los $100.000 millones, compensadas mediante capitalizaciones del Estado bonaerense.
Otro de los puntos señalados es la evolución del gasto. Según el análisis presentado por los legisladores, la denominada “dirección superior ejecutiva”, que comprende al personal político de la administración provincial, aumentó un 44% en términos reales entre 2024 y 2025. En el mismo período, el gasto destinado a asistencia social cayó un 0,4%.
El proyecto también incorpora la distribución de recursos entre los municipios. Durante 2025, la Gobernación destinó $23.785 millones en Aportes No Reintegrables. Los legisladores que impulsan la iniciativa cuestionaron los criterios utilizados para esas asignaciones y señalaron diferencias entre municipios gobernados por sectores alineados con el oficialismo provincial y distritos de la oposición.
Entre los primeros mencionaron a La Matanza, que recibió $3.000 millones; Almirante Brown, con $1.290 millones; e Ituzaingó, con $950 millones. En cambio, señalaron que Mar del Plata, San Isidro, Vicente López y Tres de Febrero no recibieron fondos bajo ese mecanismo durante el período analizado.
De aprobarse la iniciativa, el Ejecutivo provincial debería publicar los montos transferidos a cada municipio y detallar los criterios técnicos vinculados con las situaciones de oportunidad y emergencia que justificaron cada asignación.
Los impulsores del proyecto también plantearon diferencias en la distribución del gasto entre distintas áreas. Como parte de su análisis, señalaron que la Provincia destinó casi $100.000 millones a servicios culturales, frente a $18.000 millones para ciencia y tecnología.
La discusión sobre el proyecto se produce en un contexto en el que la administración provincial sostiene que enfrenta restricciones de recursos y atribuye parte de esa situación al gobierno nacional. Frente a ese planteo, los legisladores de La Libertad Avanza centran sus cuestionamientos en las prioridades de gasto y en la necesidad de contar con información pública disponible para analizar la utilización de los fondos.
La iniciativa fue ingresada por Mesa de Entradas del Senado bonaerense hace más de un mes y permanece a la espera de que se defina su tratamiento en comisiones. El proyecto propone así establecer un sistema de publicación permanente de datos oficiales y mecanismos para reclamar cuando los organismos no cumplan con las obligaciones de transparencia previstas.
