El objetivo de la propuesta es cubrir un vacío que, según el legislador, existe actualmente en la legislación penal argentina. Si bien ya están contempladas conductas como la tenencia y portación ilegítimas, el acopio, la provisión ilegal, la fabricación y la adulteración de numeraciones, no existe un tipo penal autónomo que abarque el tráfico ilícito ni el desvío deliberado de materiales desde los circuitos legales.
El proyecto define como tráfico ilícito las acciones destinadas a incorporar armas, piezas, componentes, municiones y otros materiales controlados a circuitos ilegales de producción, distribución, comercialización o abastecimiento. Para este delito se establece una pena de entre cinco y doce años de prisión, con la posibilidad de elevarla hasta 15 años cuando se presenten circunstancias agravantes.
La propuesta también incorpora la figura del desvío ilícito. En este caso, alcanza a quienes, teniendo autorización legal o responsabilidad sobre esos materiales, modifican deliberadamente su destino y los retiran del circuito bajo control. De esta manera, la iniciativa diferencia entre el ingreso de los materiales al circuito ilegal y el momento en que aquellos que se encontraban dentro de un sistema regulado son desviados intencionalmente.
El proyecto pone especial atención sobre las municiones, al considerar que su abastecimiento constituye un componente central de la capacidad de fuego. Por ese motivo, las incorpora expresamente dentro de las conductas alcanzadas por el nuevo régimen penal.
Otro de los puntos planteados es la posibilidad de establecer responsabilidad penal para personas jurídicas. En los casos contemplados por la iniciativa, podrían aplicarse medidas vinculadas con las autorizaciones, licencias o habilitaciones utilizadas para desarrollar actividades relacionadas con armas, municiones y demás materiales sujetos a control, incluyendo su suspensión o cancelación.
La iniciativa también propone que estos delitos tengan carácter federal. El fundamento está relacionado con la posibilidad de que una misma cadena de abastecimiento atraviese distintas jurisdicciones: los materiales podrían ser desviados en una provincia, trasladados por otra y posteriormente utilizados para abastecer actividades delictivas en un tercer territorio.
En ese sentido, el proyecto plantea que las investigaciones puedan reconstruir la totalidad de la cadena de abastecimiento y determinar en qué momento se produjo la ruptura de la trazabilidad de los materiales y quién fue responsable de ella.
La propuesta establece además una exclusión expresa para los legítimos usuarios y para quienes desarrollen actividades autorizadas de acuerdo con la normativa vigente, de modo que las nuevas figuras penales estén dirigidas a las conductas ilícitas vinculadas con el tráfico y el desvío de materiales controlados.
