El debate se centrará en la actividad de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner, que contaba entre sus principales clientes a Lázaro Báez y Cristóbal López, a quienes se les atribuye el 86% de la facturación de la empresa. La sociedad nunca tuvo una sede comercial y mantuvo invariable la cantidad de inmuebles alquilados desde su constitución.
Este será el primer juicio al que se presente Máximo Kirchner como acusado. El debate sobre Los Sauces se llevará a cabo de manera presencial, con tres audiencias a la semana. Además, se han reservado los sábados 24 y 31 de octubre de 2026, así como la primera semana de la feria judicial en enero de 2027, para habilitar más sesiones si se requiere.
La ex presidenta se enfrenta a este juicio como su tercer proceso por corrupción. Actualmente cumple una condena en un departamento de San José 1111 como resultado del caso Vialidad, donde fue sentenciada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Además, es la principal acusada en el caso Cuadernos, que inició sus audiencias el 6 de noviembre, donde se le atribuye ser la líder de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales, cargos por los que se le imputan 204 coimas.
El Tribunal Oral Federal 5 ha decidido separar las causas de Los Sauces y Hotesur, lo que ha generado reclamos tanto del fiscal general como de la defensa de uno de los implicados. Estos reclamos sostienen que ambos casos deberían ser juzgados en conjunto desde el inicio del juicio el 23 de octubre. La Unidad de Información Financiera también se sumará a estos reclamos. Sin embargo, se espera que el tribunal mantenga su postura respecto a la separación de los casos.
La fiscalía ha argumentado que dividir los casos debilita la evidencia acumulada, dado que ambas investigaciones se refieren a una misma maniobra de lavado de activos, aunque involucren a dos empresas distintas de la misma familia. Se mencionó que ambos expedientes comparten a 16 imputados. También se ha señalado el riesgo de “cosa juzgada”, lo que implica que lo que se decida en un juicio no podría ser utilizado en otro.
Según la acusación, Los Sauces S.A., que supuestamente se dedicaba a actividades inmobiliarias y hoteleras, fue utilizada para canalizar fondos desde las empresas de Báez e Indalo hacia la familia Kirchner en contraprestación por contratos y concesiones. Entre 2009 y 2016, Los Sauces facturó a estas empresas más de 25 millones de pesos, lo que representó aproximadamente el 88% de su facturación total. Los fiscales también apuntan a que algunos contratos establecían valores superiores a los del mercado y que en varias propiedades no resultaban necesarias para las actividades de las empresas arrendatarias.
Se indicó que, tras recibir el dinero, los accionistas de la sociedad retiraron más de 10 millones de pesos bajo diferentes conceptos. En el caso de Hotesur S.A., que gestiona el hotel Alto Calafate y que antes estaba bajo la operación de Lázaro Báez, se atribuyen operaciones de blanqueo a fondos que provendrían de adjudicaciones irregulares de obras públicas en Santa Cruz.
Se alega que Austral Construcciones, empresa de Báez, inyectó 70 millones de pesos a Valle Mitre para pagar los alquileres a los Kirchner. De hecho, se estima que Valle Mitre abonó más de 28 millones de pesos a Hotesur durante su relación comercial, y existieron otras transferencias monetarias a la gerenciadora del hotel Alto Calafate, lo que refuerza la sospecha de lavado de activos.
Así, la investigación avanza sobre el retorno de fondos de empresas vinculadas a Lázaro Báez hacia Hotesur, en lo que constituye un nuevo capítulo en el entramado de causas por corrupción que involucra a la familia Kirchner.
