La denuncia está relacionada con la suspensión de las proyecciones programadas para los domingos 18 y 25 de octubre. Las películas formaban parte de una muestra dedicada a reconocidos realizadores rusos, entre ellos Andrey Zvyagintsev y Aleksandr Sokurov, identificados en la presentación como cineastas críticos del actual gobierno de Rusia.
El cuestionamiento central apunta a los motivos que llevaron a interrumpir la actividad cultural. Según lo expuesto en el escrito, las autoridades del museo reconocieron que la decisión se tomó luego de recibir, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, una nota formal de la Embajada de Ucrania.
Frente a ese planteo diplomático, los responsables de la institución habrían optado por suspender las funciones bajo el argumento de la “prudencia institucional”. Para los denunciantes, esa decisión constituyó una restricción injustificada a la libertad de expresión y a la autonomía cultural del museo.
La presentación sostiene que la cancelación podría configurar un caso de censura previa, al impedir que el público accediera a determinadas producciones cinematográficas por su nacionalidad y procedencia. También advierte que la medida habría afectado tanto a los espectadores como a quienes facilitaron las obras y a sus realizadores, al limitar la difusión de sus expresiones artísticas por motivos que calificaron como políticos.
En el plano penal, los denunciantes invocaron el artículo 248 del Código Penal, que establece sanciones para los funcionarios que incurran en abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de su cargo. Consideraron que la suspensión de las actividades podría representar una disposición contraria a las normas vigentes y una vulneración de derechos constitucionales vinculados con la cultura y la libertad de expresión.
Además, incorporaron la Ley 23.592, que establece sanciones frente a actos discriminatorios. En ese sentido, plantearon que la exclusión de las películas habría restringido el ejercicio igualitario de derechos fundamentales por motivos relacionados con la nacionalidad, la ideología o el origen geográfico de sus directores.
Como parte de las medidas solicitadas para avanzar con la investigación, pidieron que el Ministerio de Relaciones Exteriores entregue una copia certificada de la comunicación enviada por la Embajada de Ucrania. También requirieron los dictámenes y las actuaciones administrativas que se hubieran elaborado y remitido a la Secretaría de Cultura.
Por otra parte, solicitaron que el Museo Histórico Sarmiento informe cuál fue la disposición o el acto administrativo que determinó la suspensión de las funciones y precise si existió un pedido de la Cancillería para interrumpir el ciclo cinematográfico.
La presentación también reclama identificar a las personas que ofrecieron las películas para su exhibición y a quienes participaron en la organización de la programación, con el objetivo de que puedan declarar como testigos.
Finalmente, se solicitó que la denuncia sea admitida, que intervenga el fiscal correspondiente para impulsar la investigación y que, en una instancia posterior, los funcionarios señalados sean convocados a prestar declaración indagatoria.
