La discusión reunió a funcionarios nacionales y provinciales, gobernadores, empresarios y representantes del sector productivo, con posiciones diferentes sobre la capacidad de las inversiones para generar empleo y actividad en otras ramas de la economía, especialmente en un contexto de demanda interna debilitada y mayor apertura comercial.
Durante una ronda de negocios organizada en el marco del RIGI, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el 82% de las compras de los proyectos incluidos en el régimen corresponde a proveedores locales. También destacó la inscripción de 2.500 pymes y manifestó su expectativa de que las inversiones contribuyan al desarrollo industrial y de las economías regionales.
Sin embargo, el anuncio generó reparos entre empresarios que participaron de la actividad sin contar con acuerdos comerciales previos con las compañías responsables de los proyectos. Desde una firma sanjuanina dedicada a la logística y el transporte para la minería cuestionaron que se presentara como un logro la cantidad de empresas inscriptas, al considerar que esa cifra también refleja la necesidad de encontrar oportunidades laborales y comerciales.
Entre los participantes estuvo un fabricante de maquinaria agrícola que se incorporó a la ronda con el objetivo de explorar alternativas para convertirse en proveedor de las cadenas de valor vinculadas con las inversiones aprobadas.
La distancia entre los sectores que reciben beneficios y aquellos que atraviesan mayores dificultades también fue señalada por el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay, durante un encuentro del Movimiento Nacional Pyme (MONAPY). Allí describió una economía fragmentada por actividad, ubicación geográfica y tamaño de las empresas, con una cantidad reducida de ganadores y numerosos sectores perjudicados. Según su interpretación, la convocatoria a las pymes buscó encontrar mecanismos para que las grandes inversiones tengan impacto sobre el entramado productivo.
La ronda de negocios contó con la participación de Caputo, otros funcionarios nacionales y 14 gobernadores. Entre ellos estuvo el mandatario cordobés, Martín Llaryora, quien planteó que las empresas beneficiadas por el RIGI también deben asumir un compromiso con el desarrollo de proveedores nacionales.
Como ejemplo, mencionó el funcionamiento de la industria automotriz, donde las terminales suelen anticipar financiamiento a sus proveedores para que puedan incorporar tecnología y adaptarse a las exigencias de nuevos modelos. A su entender, las compañías mineras, petroleras y gasíferas deberían avanzar con mecanismos similares para que los beneficios fiscales otorgados a las grandes inversiones se traduzcan en puestos de trabajo.
Llaryora también reclamó una estrategia nacional de desarrollo que contemple a las actividades más afectadas por la situación económica. Advirtió que muchas empresas pueden cerrar en poco tiempo si no cuentan con políticas de acompañamiento y sostuvo que las provincias necesitan decisiones del Gobierno nacional para enfrentar la pérdida de empleo y de unidades productivas.
En Santa Fe, el ministro de Producción, Gustavo Puccini, coincidió en que los beneficios del RIGI no llegarán automáticamente a las pequeñas y medianas empresas. Señaló que, sin una intervención que conecte a las grandes compañías con los proveedores nacionales, existe el riesgo de que las inversiones recurran a firmas del exterior.
Para revertir esa situación, destacó la firma de acuerdos estratégicos con Neuquén y San Juan, destinados a generar vínculos comerciales e institucionales entre empresas de distintas provincias. También explicó que las rondas permiten reunir a las compañías operadoras con fabricantes locales, organismos técnicos y entidades financieras, con el propósito de facilitar certificaciones, asistencia técnica y acceso al crédito.
Según los datos presentados por el funcionario, Santa Fe cuenta con unas 500 empresas distribuidas en 72 localidades que podrían ofrecer bienes y servicios a los sectores energético y minero. La oferta incluye actividades de ingeniería pesada, desarrollo de software y logística. Entre las compañías mencionadas como posibles proveedoras figuran RAFA y Grupo Comat.
La administración provincial también busca amortiguar las dificultades del sector productivo mediante beneficios tributarios y programas de financiamiento. Entre ellos se encuentra Santa Fe Activa, que destina más de $300.000 millones a créditos con tasas subsidiadas para capital de trabajo e inversiones.
Uno de los principales puntos de discusión, de todos modos, es la cifra oficial que indica que el 82% de las compras de los proyectos del RIGI se realiza a proveedores locales. Entre los especialistas y representantes sectoriales consultados no hubo una confirmación independiente del porcentaje. Las dudas se relacionan con la posibilidad de que dentro de esa categoría se incluyan importadores, puntos de venta o empresas que comercializan productos sin fabricarlos en el país.
Desde una perspectiva diferente, el análisis económico del sector académico planteó que el crecimiento de las importaciones vinculadas con el RIGI todavía resulta moderado en relación con el volumen de inversión comprometido. Esa situación abre distintas interpretaciones: que los proyectos estén ejecutando menos inversiones de las anunciadas, que exista una participación importante de proveedores locales o que ambas circunstancias se estén produciendo al mismo tiempo. Si bien el porcentaje del 82% fue considerado elevado, no fue descartado como una posibilidad.
Los indicadores de la industria y de las pymes, sin embargo, muestran dificultades para buena parte del entramado productivo que podría integrarse a las nuevas cadenas de valor. Los datos de la actividad metalúrgica registraron una caída interanual del 4,4% en la producción destinada al sector de petróleo y gas.
A su vez, un relevamiento sobre pequeñas y medianas empresas mostró una contracción del 4,7% en la producción durante el tercer trimestre frente al período anterior. El informe también indicó que el 69% de las firmas sufrió una reducción de su rentabilidad y que la debilidad del consumo interno continúa siendo el principal problema señalado por los empresarios.
La situación financiera agrega otra dificultad. Una de cada siete industrias pyme manifestó haber sufrido embargos de ARCA, principalmente por demoras en el cumplimiento de obligaciones corrientes, como el IVA, el impuesto a las Ganancias y las contribuciones patronales. El problema se desarrolla en un contexto de atrasos extendidos en la cadena de pagos.
Frente a ese escenario, Caputo anunció durante la jornada la suspensión de los embargos hasta mayo de 2027, una medida que apunta a aliviar las dificultades financieras de las empresas.
Las organizaciones empresariales que representan a las pymes reclaman, además, una reducción de la carga impositiva y mejores condiciones de financiamiento. También plantean la necesidad de revisar los costos que afectan a la producción local y dificultan la competencia frente a los productos importados, cuyo ingreso al mercado argentino aumentó desde 2024.
Así, mientras el Gobierno apuesta a que las inversiones en energía y minería funcionen como motor de crecimiento para otros sectores, las pymes advierten que ese proceso requiere políticas específicas para integrar a los proveedores nacionales y evitar que los beneficios de los grandes proyectos queden concentrados en un grupo reducido de actividades.
