Ambos indicadores registraron subas tanto frente al trimestre anterior como en la comparación interanual. En el segundo trimestre de 2025, la pobreza se ubicaba en el 31,4% y la indigencia en el 6,9%, mientras que en el período previo habían sido del 30% y el 7%, respectivamente.
La evolución marca un cambio respecto de la tendencia descendente que se había observado hasta mediados del año pasado. Desde el tercer trimestre de 2025, los indicadores volvieron a mostrar incrementos y el último registro representa la tercera suba desde entonces.
La EPH representa a la población urbana, estimada en 30 millones de personas durante el semestre analizado. Esto implica que más de 10 millones viven en hogares pobres. En relación con el segundo trimestre de 2025, se contabilizan alrededor de 800.000 personas más en esa condición, entre ellas casi 300.000 que pasaron a la indigencia.
Si los resultados se proyectan sobre los 46,7 millones de habitantes del país, la cantidad de personas pobres ascendería a unos 16 millones, de las cuales aproximadamente 3,7 millones serían indigentes.
Agustín Salvia, del Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), advirtió que los datos reflejan la persistencia de problemas estructurales que limitan la recuperación de los ingresos. “Más allá de las oscilaciones coyunturales, los datos vuelven a mostrar la persistencia de un núcleo estructural de pobreza del orden del 30% de la población y de pobreza extrema cercana al 10%”, sostuvo.
El especialista señaló que la situación no responde únicamente a variaciones temporales de los precios, sino también a déficits acumulados en materia de empleo, productividad, educación, hábitat, acceso a servicios y protección social.
En ese sentido, explicó que la desaceleración inflacionaria puede reducir la pobreza medida estadísticamente cuando mejoran los precios relativos de los alimentos y no se actualizan en el método los valores de las tarifas y los servicios. Sin embargo, consideró que ese efecto no modifica las condiciones estructurales de privación que afectan al menos a un tercio de la sociedad.
Entre los factores asociados al aumento de la pobreza durante la primera mitad del año, los especialistas identifican la reducción de los ingresos disponibles de las familias frente a los incrementos de los servicios y las tarifas reguladas por el Estado nacional y los gobiernos provinciales. El transporte, la electricidad, el agua y el gas aparecen entre los principales gastos que presionan sobre los presupuestos familiares.
A esa situación se suma el avance del trabajo informal y de las ocupaciones de pocas horas, como las changas y los repartos, actividades que suelen ofrecer ingresos limitados y mayor inestabilidad laboral.
Los datos también muestran un deterioro en las condiciones de vida de los hogares que permanecieron en situación de pobreza. Entre las dificultades aparecen la falta de acceso a los tres servicios básicos —gas, agua corriente y desagües— y la ausencia de cobertura médica mediante obras sociales o mutuales.
El incremento de la pobreza y la indigencia vuelve a poner en evidencia que la mejora de algunos indicadores macroeconómicos no necesariamente se traduce en una recuperación equivalente del poder adquisitivo ni de las condiciones materiales de los hogares.
