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El Gobierno abrió un retiro voluntario para reducir la planta del Instituto Nacional de Vitivinicultura

17 noviembre, 2026
in Política
El Gobierno abrió un retiro voluntario para reducir la planta del Instituto Nacional de Vitivinicultura
El Gobierno nacional puso en marcha un régimen de retiro voluntario para los trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que actualmente cuenta con 385 empleados de planta permanente. La iniciativa apunta a reducir la dotación del organismo y se enmarca en el proceso de reorganización y desregulación de la administración pública impulsado por el Ejecutivo.

El programa está dirigido exclusivamente al personal de planta permanente y establece que la presentación de una solicitud no garantiza su aceptación. Cada pedido deberá ser evaluado por las autoridades del instituto, que tendrán la decisión final sobre la admisión de los interesados.

La normativa fija distintas restricciones para acceder al beneficio. Quedan excluidos los empleados procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes tengan procedimientos disciplinarios en curso, hayan iniciado los trámites jubilatorios o presentado su renuncia. Tampoco podrán participar quienes superen los 65 años o mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de esos procesos.

Quienes sean aceptados recibirán, además de la liquidación final de sus haberes, una gratificación extraordinaria por única vez. El importe se determinará de acuerdo con la edad que tenga cada trabajador al 13 de noviembre de 2026 y los años de antigüedad reconocidos dentro del organismo.

Para los empleados de hasta 63 años inclusive, el cálculo será equivalente al 100% de la remuneración mensual habitual por cada año de servicio o fracción superior a tres meses, con un tope de 24 sueldos. En el caso de quienes tengan 64 años, se mantendrá el mismo porcentaje por año trabajado, pero el límite será de 12 remuneraciones mensuales.

La antigüedad computable se limitará al período transcurrido desde el ingreso formal a la planta permanente del INV. Por lo tanto, no se reconocerán los años trabajados previamente como becarios, personal transitorio o contratados bajo el artículo 9 de la Ley 25.164. Tampoco se incluirán períodos de empleo público que ya hayan sido indemnizados mediante un régimen de retiro anterior.

La remuneración utilizada como referencia estará integrada únicamente por los conceptos habituales, permanentes y remunerativos. Quedarán excluidos el sueldo anual complementario, las asignaciones familiares, los viáticos, los gastos de movilidad, la guardería y cualquier pago extraordinario o eventual.

El esquema de desembolso dependerá del monto total de la gratificación. Los beneficios de hasta $40 millones se abonarán en una sola cuota, dentro de los 30 días posteriores a la desvinculación. Cuando la suma supere ese importe, el pago se dividirá en cuotas mensuales: una primera de hasta $40 millones, una segunda de hasta $30 millones y una tercera destinada a cancelar el saldo restante.

La implementación del programa también contempla cambios en la estructura presupuestaria del organismo. Los cargos correspondientes a los empleados que se desvinculen serán eliminados, con excepción de las vacantes que tengan funciones ejecutivas previstas en la estructura orgánica vigente.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 30 de noviembre de 2026 inclusive, mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La documentación requerida incluye una nota formal, el Certificado de Antecedentes Penales y declaraciones juradas para acreditar que no existen litigios ni sumarios patrimoniales pendientes.

Una vez finalizado el período de inscripción, el Departamento de Administración de Recursos Humanos tendrá un plazo de 15 días hábiles para elaborar un informe técnico sobre la admisibilidad de cada solicitud. Posteriormente, la Presidencia del organismo dispondrá de otros 30 días hábiles para emitir la resolución definitiva.

El régimen establece además una restricción para quienes acepten el retiro: no podrán volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional durante los cinco años posteriores a la fecha de baja, independientemente de la modalidad de empleo o contratación. La única excepción contemplada corresponde al ejercicio de cargos docentes en universidades nacionales.

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