La actualización, establecida mediante la resolución 45/2026, contempla una aplicación progresiva para el 60% restante de los usuarios, con aumentos mensuales limitados al 1,5% acumulativo por encima de la fórmula de ajuste por inflación que continuará vigente. Según las estimaciones oficiales, el impacto acumulado podría alcanzar el 19,6% en doce meses, hasta febrero de 2028.
Desde AySA señalaron que los ingresos adicionales que genere la modificación tarifaria serán destinados íntegramente al Programa de Tarifa Social. El nuevo sistema contempla cinco niveles de coeficientes zonales, con el objetivo de adecuar la clasificación de las tarifas a las transformaciones urbanas, demográficas y socioeconómicas que experimentó el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Los coeficientes anteriores se mantenían sin revisiones desde las décadas de 1960 y 1980. Para elaborar la nueva segmentación, el Gobierno tomó como referencia información del Censo Nacional 2022 y distintos estudios socioeconómicos, con la intención de actualizar la distribución geográfica y corregir desigualdades históricas entre las zonas de la concesión.
Los cambios comenzarán a aplicarse el 1° de febrero de 2027. Los usuarios que queden alcanzados por los incrementos tendrán una transición gradual hasta llegar al valor correspondiente a su nuevo coeficiente zonal. En tanto, los hogares residenciales y los terrenos baldíos ubicados en las categorías de nivel bajo y medio-bajo mantendrán un descuento del 15% en sus facturas.
El esquema también prevé medidas de protección para los beneficiarios de la Tarifa Social, que recibirán descuentos adicionales para evitar que sus facturas aumenten. Quienes tengan el beneficio vigente al 31 de diciembre de 2026 accederán, además, a una prórroga excepcional de un año.
Por último, la resolución habilita al ente regulador a destinar eventuales excedentes del Programa de Tarifa Social a ampliar los objetivos de inversión de la concesión, siempre que se respeten las condiciones contractuales vigentes.








