La campaña argentina quedó a cargo de FGS Global, contratada el 22 de mayo de 2025 para asesorar al Ministerio de Economía en la comunicación estratégica del caso. El acuerdo, formalizado por Sullivan & Cromwell, el estudio jurídico que representa al país, estableció un pago inicial no reembolsable de US$ 60.000 por los primeros 30 días y honorarios posteriores por hora de trabajo.
Los registros presentados por la consultora bajo la legislación estadounidense de agentes extranjeros permiten reconstruir parte de la actividad. Entre el 6 de junio de 2025 y el 28 de enero de 2026 se contabilizaron 267 registros de contactos con medios, entre correos electrónicos, llamadas, videoconferencias, mensajes y reuniones. La cifra no equivale necesariamente a 267 periodistas diferentes, sino que incluye comunicaciones reiteradas y distintas modalidades de contacto.
La actividad se extendió a medios internacionales de economía, finanzas, política exterior y asuntos judiciales. Dos agencias informativas concentraron 46 registros, una compañía de información financiera contabilizó 38, un diario económico 32, un periódico financiero británico 23, una publicación especializada en asuntos legales 22 y una revista de finanzas latinoamericanas 19.
Los momentos de mayor intensidad coincidieron con hitos judiciales. El 3 de octubre de 2025 se registraron 30 contactos; el 29 de octubre, durante la audiencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, hubo otros 19. Ese día, la consultora envió correos a distintas redacciones, un mensaje de texto a un medio financiero y mantuvo una reunión presencial y un intercambio de mensajes con otro. En todos los casos, el motivo declarado fue “Petersen contra la Argentina”.
El 28 de enero de 2026, cuando el país solicitó frenar un proceso de obtención de pruebas que consideraba intrusivo, FGS registró otras 14 comunicaciones y difundió una declaración de la Procuración del Tesoro. En ella, la Argentina sostuvo que ya había entregado más de 115.000 páginas de documentación y brindado 30 horas de testimonios.
La estrategia buscó instalar los argumentos centrales de la defensa: que la entrega de las acciones de YPF podía desencadenar un conflicto de política exterior, que el litigio debía resolverse bajo la legislación argentina y que Burford Capital pretendía convertir a los tribunales estadounidenses en “un casino”. Tras el fallo favorable del 27 de marzo de 2026, que revocó la condena y anuló la orden de entregar las acciones, FGS difundió declaraciones de Sullivan & Cromwell que presentaron la decisión como una reivindicación de la posición argentina.
Del otro lado, los beneficiarios del fallo original también impulsaron gestiones ante el poder político estadounidense. El 4 de marzo de 2026, OnMessage Public Strategies se registró como lobista de Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick, el estudio que representa a Petersen Energía y Eton Park en el litigio. La firma abrió dos registros separados, uno por cada demandante, y declaró que trabajaría en asuntos vinculados con la disputa por la expropiación de una petrolera estatal argentina.
En sus informes posteriores, la consultora utilizó una descripción más general: “Litigio que involucra a un soberano extranjero”. Por esas tareas declaró ingresos por US$ 250.000, distribuidos en US$ 110.000 vinculados a Petersen y US$ 140.000 a Eton Park.
Los registros estadounidenses consignan gestiones ante la Oficina de la Casa Blanca, la Oficina Ejecutiva del Presidente y ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, los documentos no identifican a los funcionarios, legisladores o asesores contactados ni detallan los pedidos realizados.
La actividad estuvo concentrada en Tommy Binion, el único lobista declarado por OnMessage para esas gestiones. Binion cuenta con antecedentes de vínculos con el Partido Republicano: fue director legislativo del exrepresentante Steve King y vicepresidente de relaciones con el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Fundación Heritage, uno de los principales centros de pensamiento conservador de Estados Unidos, cercano al entorno republicano y a Donald Trump. Cuando se incorporó a OnMessage en 2022, Heritage informó que seguiría trabajando como consultor y destacó sus conexiones con el Capitolio y la primera administración de Trump.
El calendario de las gestiones también llamó la atención. OnMessage se registró 23 días antes de que la Cámara de Apelaciones revocara, el 27 de marzo, la condena contra la Argentina y dejara sin efecto la orden de entregar las acciones de YPF. Los contratos para representar a Petersen y Eton Park finalizaron el 1° de junio. Al día siguiente, el tribunal rechazó el pedido de reconsideración. No obstante, Binion continuó interviniendo: el 22 de julio, OnMessage registró formalmente a Burford Capital como cliente y volvió a designarlo como lobista.
En conjunto, Burford y otras tres consultoras declararon US$ 790.000 brutos en registros de lobby durante 2026. El monto corresponde a la agenda completa de las firmas y no exclusivamente al litigio contra la Argentina. Además, puede incluir superposiciones entre gastos internos de la compañía y honorarios declarados por consultores externos.
La documentación tampoco permite afirmar que OnMessage haya coordinado los escritos de terceros que posteriormente respaldaron a Petersen y Eton Park ante la Corte Suprema. Entre esas presentaciones figuraron las de Misuri y otros 14 estados y territorios, organizaciones conservadoras, académicos y dirigentes políticos.
La discusión sobre el costo de la campaña argentina permaneció abierta durante meses. Los registros de FGS indicaban que los fondos todavía no habían sido abonados, hasta que un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Economía permitió precisar el pago. El 13 de octubre de 2026, la cartera que conduce Luis Caputo informó que los US$ 60.000 iniciales se habían transferido el 2 de octubre, en dólares, a Sullivan & Cromwell por los servicios de FGS. Según la respuesta oficial, no se efectuaron otros desembolsos.
La fecha coincidió con otro movimiento judicial: dos días antes, Petersen y Eton Park habían presentado su caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Para entonces, los contratos específicos de OnMessage vinculados a ambos demandantes ya habían finalizado, mientras que el pago por la estrategia de comunicación argentina acababa de concretarse.
Los registros permiten observar cómo ambas partes buscaron instalar sus argumentos fuera del ámbito judicial, una mediante contactos sostenidos con medios internacionales y otra a través de gestiones ante organismos del Poder Ejecutivo y el Congreso estadounidense. Sin embargo, la información oficial disponible no permite establecer qué incidencia concreta tuvieron esas acciones en las decisiones políticas o judiciales relacionadas con el caso YPF.








