Un sector de la CGT judicializará la restitución del Impuesto a las Ganancias y marchará al Palacio de Tribunales en los próximos días. Así lo definieron el líder de Camioneros, Pablo Moyano, y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, en un encuentro realizado este jueves en la sede de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).
Sin embargo, no se trató de una decisión unánime en el sindicalismo: no participaron de la reunión el líder de la CATT, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), ni su adjunto, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento). Ambos -al igual que otros- eligieron tomar distancia a la espera de que la CGT defina en conjunto su estrategia contra Ganancias.
Se espera que los abogados de la central obrera definan un curso de acción en los próximos días. Es la misma forma de proceder que llevaron a cabo con el mega DNU de Javier Milei, que terminó con el apartado de la reforma laboral judicializada.
Este jueves se decidió también crear una “mesa técnica” con todos los sindicatos afectados por la reinstalación del Impuesto a las Ganancias. Además, acordaron realizar asambleas informativas una vez que se haga la presentación ante la Justicia.
“Ganancias es un impuesto regresivo por el que se pierde el 30% de los salarios”, aseguró Pablo Moyano en el encuentro. Además, consideró que hay una “contradicción” por parte del Gobiernoporque “los gremios de transporte fuimos esenciales durante la pandemia y hoy nos vuelven a castigar sacándonos parte del salario”.
En la misma línea, el líder de Camioneros confirmó que habráuna protesta con movilización a Tribunales a fines de julio o principios de agosto “para que los jueces entiendan que el salario no es ganancia”.
En tanto, la mesa chica de la CGTvolverá a reunirse la semana próxima con una cuestión central por encima de todos los temas de la agenda sindical: cómo seguirá la relación con el Gobierno. Allí se discutirá también la estrategia judicial en torno a Ganancias. De momento, la intención es que las denuncias judiciales no sean impulsadas desde la central obrera, sino desde los sindicatos.
En este sentido, el Ejecutivo busca acordar con los gremialistas la reglamentación de la modernización laboral. De esta manera, intentan reducirlos efectos de algunos artículos para evitar impugnaciones judiciales.
