En una carta dirigida a clientes y proveedores, se indicó que la empresa “se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos” y que esta acción se enmarca dentro de “una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”.
Dante Choi, propietario de Goldmund, destacó en una reciente entrevista cómo ha ajustado su estrategia de producción, trasladando parte de sus operaciones a Paraguay para minimizar costos laborales y fiscales, desde donde planea abastecer el mercado del Cono Sur, incluido Argentina. “En Paraguay no pagamos IVA, Ingresos Brutos (en Argentina es del 1,75%), no pagamos aranceles de importación (que oscilan entre el 18 y 20%), ni impuestos al cheque, tasas de seguridad e higiene, ni tampoco tributamos tasa estadística (del 3% en el país). Además, el salario promedio es de US$500 frente a US$2000 en Argentina, si se considera el costo de despidos y litigios laborales. Solo la ART incrementa entre un 4% y un 12% el costo laboral”, enumeró Choi.
Según los documentos presentados ante la justicia, Goldmund emplea a 147 personas en Argentina, distribuidas en Administración (93), Logística (28) y Producción (26). La situación financiera de la compañía era crítica, y según el expediente, la crisis comenzó el 27 de febrero, que se considera el inicio de su cesación de pagos.
“La imposibilidad de atender un vencimiento de $290 millones con el Banco Industrial de Azul fue el detonante el 27 de febrero de 2026, lo que nos llevó a no poder cumplir con otras obligaciones financieras, resultando en la ruptura de nuestra cadena de pagos y el inmediato concurso preventivo para salvaguardar los activos, prenda común de los acreedores”, indicaron en los documentos.
Aclararon que, a diferencia de otras legislaciones, la Ley 24.522 no permite la solicitud de un concurso preventivo si no se confirma el estado permanente que define la cesación de pagos, aunque existan señales de advertencia que en otros contextos podrían justificar una solicitud ante una insolvencia inminente.
