“‘No castiguen a la clase media ni a los trabajadores’”, fue el núcleo del mensaje de Llaryora, quien criticó el método seleccionado por el Ejecutivo nacional para modificar el acceso a los beneficios tarifarios. Aunque no se opuso a revisar quienes reciben el subsidio, rechazó la forma de hacerlo, que consiste en eliminar de los registros a todos los usuarios en una zona y obligarles a reempadronarse de forma digital. “‘Sabés que los hogares de menos recursos es muy difícil el empadronamiento. Sabés que la clase media ya casi no llega a fin de mes’”, afirmó.
Llaryora reconoció que Córdoba es una de las provincias más gasificadas del país, lo que provocaría un impacto de la reforma mayor que en otras regiones. En este sentido, sugirió una alternativa: en lugar de anular todo el padrón para que los usuarios se reinscriban, el Estado debería aprovechar los datos existentes para identificar a los hogares de altos ingresos y retirarles el beneficio de manera selectiva.
“‘Los datos los maneja la nación’”, indicó, criticando que se aplique una norma general cuando ya se dispone de información precisa para actuar. “Me parece injusto subsidiar a aquellos que tienen altos ingresos”, enfatizó, aunque subrayó que esto no justifica perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio.
El mandatario estimó que la reforma significaría una transferencia directa de cerca de 12.000 millones de pesos desde las familias de clase media y los hogares trabajadores de Córdoba. “’Si tenés la intención real de hacer justicia y querés cobrarle a los de alto ingreso, no bajes a toda la gente de una zona y después le digas que tienen que ir a empadronarse con una computadora’”, planteó Llaryora.
El pronunciamiento del gobernador fue emitido el mismo día en que la Cámara de Diputados discutió el proyecto. El régimen de Zona Fría, establecido en 2002, tiene como finalidad compensar las disparidades tarifarias en regiones con temperaturas más bajas y garantizar el acceso al gas natural para los usuarios residenciales.
Una ampliación aprobada en 2021 aumentó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, una cifra que el Ejecutivo ha calificado de fiscalmente insostenible. La reforma propuesta por el oficialismo busca modificar el acceso a los beneficios para 1,2 millones de hogares, con un ahorro fiscal proyectado de $272.099 millones.
La sesión en el recinto no estuvo libre de tensiones. Antes de abordar el debate sobre las zonas frías, el oficialismo debió enfrentar una controversia reglamentaria con la oposición.
