Esta decisión fue oficializada recientemente mediante la Resolución 461/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que se publicó en el Boletín Oficial. La norma da vida a la “Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el marco del RIGI”, un espacio de articulación federal que incluirá a organismos nacionales, provincias y actores del sector privado involucrados en grandes iniciativas de inversión.
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno mencionó que el volumen y la envergadura de las inversiones fomentadas por el RIGI “pueden constituirse en objetivos de interés para organizaciones criminales de carácter transnacional”. Además, advirtió sobre los riesgos asociados al lavado de activos, la corrupción, la extorsión y la posible infiltración de economías ilícitas en iniciativas legales.
La cartera de Seguridad indicó que a finales de 2025, el régimen contaba con alrededor de diez proyectos aprobados que suman más de u$s13.000 millones, además de más de veinte iniciativas en diversas etapas de evaluación. Las inversiones se enfocan en provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
La resolución destaca que la dispersión geográfica y el carácter estratégico de estas inversiones requieren “mecanismos específicos de coordinación interinstitucional y prevención temprana” para proteger la infraestructura crítica y asegurar la continuidad de los proyectos.
La nueva mesa estará compuesta por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia y el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. También podrán participar representantes provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Economía, la SEDRONAR y otros organismos competentes en la materia.
Entre las funciones que se le asignan a este espacio se incluyen la elaboración de diagnósticos integrales de riesgo, la coordinación de acciones preventivas y el análisis de amenazas criminales emergentes vinculadas a inversiones estratégicas.
Asimismo, el Gobierno fomentará la cooperación voluntaria con empresas responsables de proyectos RIGI, cámaras empresariales, concesionarios de infraestructura y operadores logísticos para implementar “protocolos sectoriales de prevención”, capacitaciones y mecanismos para la denuncia de riesgos.
La resolución aclara que esta medida “no implica erogación presupuestaria alguna” y comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial.
