El sindicato, liderado por Roberto Fernández, sostiene que esta conciliación fue instaurada por un desacuerdo salarial que afectaba a los choferes de colectivos en el interior del país, por lo que argumentan que tenían el derecho de paralizar el servicio únicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La pregunta que se plantean muchos es por qué el Gobierno aún no ha hecho oficial la sanción a la UTA. Dentro del entorno sindical, hay especulaciones sobre una posible demora en la decisión, sugiriendo que el oficialismo podría estar buscando mantener el apoyo de este importante gremio del transporte, que había mostrado señales de acercamiento a la administración actual, como no haberse sumado al paro general de la CGT que tuvo lugar el 10 de abril de 2025, bajo el argumento de encontrarse en medio de una conciliación obligatoria.
Sin embargo, fuentes del gobierno han desmentido estas conjeturas, asegurando que “la decisión política es avanzar con las sanciones que correspondan”, aunque han añadido que la Secretaría de Trabajo aún no ha concluido las investigaciones necesarias en las provincias para establecer si la paralización de los colectivos se llevó a cabo en el interior en la fecha del último paro general.
Por otro lado, La Fraternidad anunciará este jueves una acción legal para impugnar la multa histórica de $21.241.500.000 que el Gobierno ya impuso por haber participado en el paro general de la CGT el 19 de febrero pasado, así como por no haber acatado la conciliación obligatoria en una disputa salarial en ese momento.
Omar Maturano, presidente del sindicato, comunicó que un abogado de la organización estará presentando la denuncia formal en contra de la sanción impuesta por el Ministerio de Capital Humano el pasado 29 de marzo, debido al incumplimiento de la orden oficial que solicitaba restablecer el estado anterior al conflicto y evitar acciones de fuerza, lo cual, según el ministerio, “afectaba el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general”.
Además, Maturano informó que su hijo, Sebastián Maturano, quien ocupa el cargo de secretario Gremial e Interior, asistirá en junio a una conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, para presentar una denuncia contra el gobierno argentino por la multa impuesta.
La Fraternidad argumenta que, aunque se encontraba dentro del período de la conciliación obligatoria, la restricción a las acciones de fuerza no debía aplicarse a una movilización convocada por la CGT, dado que esta solo regía para su conflicto particular. En contraste, desde el Ministerio de Capital Humano se sostiene que el sindicato ignoró la conciliación obligatoria decretada el 5 de febrero de 2026, que establecía un plazo de 15 días para restaurar las condiciones previas al conflicto y suspender cualquier tipo de acción de fuerza.
