Con un superávit fiscal acumulado de $6,099 billones hasta abril, existe la posibilidad de que el Gobierno logre acumular los $761.500 millones necesarios entre mayo y junio para alcanzar esta nueva meta.
Además, hay modificaciones significativas en las proyecciones económicas: después de haber elevado la estimación de inflación a 30,5% para 2026 en una publicación anterior, el FMI ha corregido esta cifra a 25%. También, el pronóstico de crecimiento de la economía argentina se ha recortado del 4% al 3,5% para este año, lo cual reconfigura la nueva meta anual de superávit primario a $16,4 billones.
Expressado en términos del Producto Bruto Interno (PBI), la meta anual se ha ajustado del 2,2% al 1,4%, lo que representa una disminución de 0,8 puntos en comparación con lo establecido originalmente. Por lo tanto, tanto el FMI como el propio Gobierno consideran que los $16,4 billones equivalen al 1,4% del PBI al finalizar el año, siempre y cuando se cumplan las previsiones de inflación y crecimiento. Es importante señalar que las metas fiscales acordadas con el Fondo se establecen en moneda local en términos nominales, y las proporciones respecto al PBI son meramente indicativas.
En paralelo, el presidente Milei ha asegurado otros $1.000 millones del FMI para fortalecer las reservas.
De acuerdo con los datos del INDEC, el PBI de Argentina alcanzó $847 billones en diciembre de 2025. Si se mantiene un crecimiento del 3,5% acompañado de una inflación del 25%, se estima que el PBI será de $1.096 billones para diciembre de 2026, y el 1,4% de esa cifra corresponde a $15,34 billones.
En la revisión anterior, se proyectó un crecimiento del 4% (equivalente a $880 billones) con una inflación del 16%, elevando el PBI estimado a $1,026 billones a finales de diciembre. Así, el 1,4% de esta estimación sería $14,36 billones.
Sin embargo, desde la primera revisión hasta octubre, el FMI había elevado las expectativas de inflación a 30,4% para 2026. Si se hubiera mantenido esa estimación junto con un crecimiento del 4%, el PBI proyectado para 2026 habría alcanzado los $1.144 billones, haciendo que el 2,2% de eso equivaliera a $25,16 billones. En este sentido, la diferencia entre lo que se esperaba en términos de superávit primario hace un año ($25,16 billones) y lo que se ha acordado ahora ($16,4 billones) es de $8,76 billones.
Estos ajustes están relacionados con la distorsión global provocada por la guerra en Irán, que afectó los precios de la energía. El Gobierno había anticipado una desaceleración de la inflación más rápida de la que ha podido materializar, así como un mejor desempeño económico del que se está registrando.
El último dato del Sector Público Nacional (SPN) hasta abril encendió alarmas en el despacho del ministro de Economía, Luis Caputo, ya que el gasto primario creció un 1,6% mientras que los ingresos cayeron un 2,1%, violando así la regla presupuestaria que demanda que el gasto disminuya en igual medida que los ingresos.
Para Caputo, el margen de maniobra se ha reducido significativamente. El funcionario ha admitido que la obtención de un superávit fiscal dependerá más del crecimiento de los ingresos que de la reducción de gastos.
En mayo, una decisión administrativa impostó un severo ajuste del gasto de $2,5 billones, resultado de una solicitud del titular del Ministerio de Hacienda a sus colegas del gabinete para que recortaran un 20% del gasto de capital y un 2% del corriente. Se ha informado que el equipo económico no atendió las sugerencias de los ministros y aplicó recortes donde consideraron oportuno.
El año comenzó con un superávit significativo de $3,5 billones en enero, en gran parte debido a ingresos extraordinarios de $2,5 billones generados por privatizaciones y utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Sin embargo, entre febrero y marzo, la deuda flotante de la administración central aumentó en $2 billones, según datos de la Tesorería General.
Por otro lado, el FMI ha indicado en su informe que, si el Gobierno no se financiará mediante títulos que no devengan pagos de intereses, el SPN tendría en realidad un déficit del 0,8% del PBI, una situación que economistas del entorno ya habían señalado.
Estas circunstancias reflejan las advertencias de analistas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, un pilar fundamental de la política económica del actual Gobierno. Si bien no se enfrenta a un riesgo inmediato, la tendencia subyacente parece insostenible. Como ha reconocido Caputo, es crucial que los ingresos comiencen a recuperarse.
Para cumplir con la meta fiscal de 2026, el Gobierno debe acumular aproximadamente $10 billones hasta diciembre. A diferencia de los primeros dos años, en los cuales las metas fueron sobrepasadas, ahora el cumplimiento parece más complicado.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que si este año se implementara el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y los ingresos tributarios disminuyeran un 2,3% real, el Gobierno debería profundizar el ajuste en el gasto no indexado en un 6% real, lo que implicaría recortes en subsidios, gastos operativos y salarios. En cambio, las jubilaciones seguirían vinculadas a la inflación.
No obstante, aunque el Gobierno aún no ha hecho un anuncio oficial, se verá forzado a postergar el lanzamiento de los FAL hasta enero, ya que de otro modo sería inviable alcanzar la meta acordada con el FMI. Esta decisión de suspender la implementación del FAL para este año también está consignada en el acuerdo alcanzado con el organismo internacional.
