La organización internacional con sede en Nueva York indicó en un comunicado que la ley busca fomentar la transparencia e integridad, pero advierte que su diseño actual “impondría nuevas cargas administrativas y riesgos legales tan serios que, en la práctica, dificultarían la participación de muchos grupos de la sociedad civil en el proceso de formulación de políticas públicas”.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresariales han coincidido en criticar elementos centrales de la propuesta gubernamental, desde la amplitud de las definiciones hasta la viabilidad de varios artículos y las sanciones contempladas.
“Es valioso que el Gobierno quiera regular y garantizar la transparencia en torno a las actividades de lobby, pero debe asegurar los derechos de la población y de las organizaciones de la sociedad civil a influir en políticas públicas”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
“El Congreso debería corregir las disposiciones excesivamente amplias del proyecto de ley para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar su labor sin restricciones indebidas”, añadió.
La semana pasada, en la reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ninguno de los 26 expositores convocados respaldó el texto oficial. La Libertad Avanza (LLA) decidió postergar el dictamen y abrir un espacio de negociación con bloques dialoguistas que trabajaban en propuestas alternativas.
Según la administración de Javier Milei, el objetivo de la norma es limitar la influencia indebida sobre las decisiones gubernamentales y aumentar la transparencia en las actividades de lobby, según HRW, que publicó una nota titulada “Argentina debe corregir la propuesta de ley sobre lobby”.
El proyecto de ley, denominado “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, prohibiría cualquier comunicación destinada a influir en políticas gubernamentales a menos que las entidades y personas involucradas se registren previamente como lobbistas y presenten informes detallados sobre cada contacto y comunicación mantenida. HRW también describió en detalle las implicaciones del plan.
El organismo indicó que se crearía un registro público de gestores de intereses y que tanto lobbistas profesionales como representantes de empresas, cámaras empresariales y cualquier individuo u organización que busque influir en las decisiones del Poder Ejecutivo o del Congreso tendrían que registrarse.
Sin embargo, la inscripción en el registro no sería automática ni garantizada, y las autoridades encargadas de su control, bajo el ámbito del Poder Ejecutivo, podrían rechazar inscripciones si consideraran que no son “compatibles” con el objeto social registrado de la organización.
Además, las autoridades podrían suspender o cancelar la inscripción por incumplimientos legales, como la falta de información sobre reuniones en el plazo requerido. Esto podría dar a las autoridades del Poder Ejecutivo la capacidad de excluir arbitrariamente a grupos de la sociedad civil de actividades de incidencia, enfatizó HRW.
Entre otras cuestiones, la organización destacó que el proyecto requeriría que las personas o entidades registradas informen detalladamente sobre cada reunión o “contacto” con autoridades públicas dentro de un plazo de cinco días.
“Es muy probable que las organizaciones de la sociedad civil enfrenten mayores dificultades que los grupos empresariales para cumplir con estas cargas administrativas. Esto podría resultar en un acceso privilegiado al Gobierno y al Congreso para grupos de interés con mayores recursos económicos, mientras que organizaciones de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil verían restringido su acceso”, alertó HRW.
Otro aspecto polémico es que el proyecto modificará el Código Penal para permitir penas de hasta dos años de prisión para quienes realicen actividades de lobby sin autorización previa. Además, impondría penas de hasta tres años a quienes lleven a cabo una “representación clandestina de intereses extranjeros”, incluyendo a quienes no declaren que intentan influir en decisiones relacionadas con la “defensa nacional, seguridad interior o relaciones exteriores” con financiamiento extranjero.
“De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Argentina está obligada a respetar los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Cualquier restricción a estos derechos debe ser claramente definida, necesaria y proporcional para alcanzar un fin legítimo, como la protección de los derechos de terceros”, recordó el organismo en su comunicado.
Tal como está redactado, el proyecto “no considera estas obligaciones de derechos humanos” y podría otorgar al Poder Ejecutivo “facultades excesivas para sancionar a las organizaciones de la sociedad civil que intentan mejorar la respuesta gubernamental ante la corrupción y violaciones de derechos”, afirmó HRW.
“Si al Congreso le interesa la transparencia en las decisiones públicas, debería regular adecuadamente el lobby sin obstaculizar el trabajo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil”, concluyó Goebertus.
