La Secretaría de Hacienda ha intensificado significativamente los encuentros formales e informales con los titulares de las carteras económicas provinciales con el firme propósito de regularizar el complejo régimen de transferencias discrecionales y avanzar en la refinanciación de los pasivos jurisdiccionales acumulados. Frente a este escenario de negociación, y ante la continua y pronunciada contracción en la recaudación fiscal por coparticipación federal que afecta a los distritos, el Poder Ejecutivo nacional aspira a suministrar mecanismos alternativos de asistencia financiera directa y el otorgamiento de avales internacionales soberanos. Sin embargo, estas herramientas de financiamiento técnico se encuentran estrictamente supeditadas y condicionadas a que los legisladores nacionales vinculados políticamente a las autoridades provinciales brinden su respaldo y votación favorable a las iniciativas económicas prioritarias impulsadas en el Parlamento.
Por su parte, los mandatarios provinciales sostienen una postura sumamente firme y coordinada en el tablero político: exigen formalmente que el flujo estratégico de recursos contemple de manera urgente partidas presupuestarias específicas e inamovibles. Estas demandas fiscales están principalmente orientadas a garantizar de forma inmediata la reactivación y ejecución de diversas obras de infraestructura vial que actualmente se encuentran paralizadas en el territorio, así como también a asegurar la cancelación efectiva de los cuantiosos pasivos históricos acumulados con las cajas previsionales provinciales no transferidas a la órbita de la administración nacional.
