Esta iniciativa tiene como eje la necesidad de resolver tres problemas críticos en la legislación vigente. En primer lugar, la actual normativa no tipifica como delito el hecho de conducir bajo los efectos del alcohol, lo que se traduce en que la única sanción es una multa de tránsito. Respondiendo a las demandas de familiares de las víctimas de accidentes relacionados con el consumo de alcohol, la propuesta plantea la creación de un delito específico que penalice la conducción en estado de ebriedad antes de que se materialicen incidentes trágicos que puedan causar muertes o lesiones.
“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia. Al mismo tiempo, los umbrales previstos permiten mantener diferenciada la infracción administrativa de aquella conducta que, por la entidad del riesgo, merece una respuesta penal concreta”, explicó la presidente del Bloque de Diputados de la UCR, Pamela Verasay.
En segundo lugar, la propuesta busca cambiar la normativa actual que sostiene que una persona que causa la muerte al volante puede llegar a recibir una condena condicional, es decir, el condenado podría evitar la prisión. En contraposición, el proyecto radical establece que será obligatorio el cumplimiento efectivo de la pena de cárcel para quienes cometan esta clase de delitos, además de incrementar la inhabilitación para conducir como parte del castigo correspondiente.
“De esta manera -explicó Verasay- actualizamos las penas para que las condenas reflejen la gravedad de los hechos y que no sea un delito fácilmente excarcelable. En otras palabras, queremos que el Código Penal reconozca la seriedad de manejar bajo influencia del alcohol, de fugarse sin asistir a la víctima o de transgredir los límites de velocidad establecidos”.
Adicionalmente, el proyecto busca poner fin a la situación actual en la cual las condenas prescriben mientras se encuentran en trámite de apelación ante tribunales superiores. La propuesta de Verasay y Nieri plantea que la sentencia que confirma la condena interrumpa la prescripción, lo que implica que el caso no finalice mientras existan instancias de revisión judicial.
“No resulta razonable que el tiempo que demanda el control judicial de una sentencia condenatoria pueda consumir íntegramente el plazo de prescripción mientras esa condena continúa sometida a revisión por tribunales superiores. Cuando una conducta vial especialmente grave provoca una muerte o una lesión irreversible, el ordenamiento jurídico debe contar con una respuesta penal adecuada”, concluyó Verasay.
