Furlán, de 66 años y con antecedentes laborales en Siderca, llegó a la conducción nacional de la UOM desde la seccional Zárate-Campana, en medio de una disputa interna que terminó con el desplazamiento de Antonio Caló, quien había encabezado el gremio desde 2004. Caló había sucedido a Lorenzo Miguel, dirigente que permaneció durante 32 años al frente de la organización.
Vinculado políticamente con el kirchnerismo, Furlán también tuvo participación en la actividad política partidaria. Entre 2015 y 2019 fue diputado nacional por el Frente para la Victoria y posteriormente se desempeñó como consejero del PJ bonaerense durante la presidencia de Máximo Kirchner.
Durante su trayectoria sindical ocupó, entre otros cargos, las secretarías de Prensa y Organización de la UOM. También tuvo un papel destacado en un acto realizado en Pilar que marcó el regreso público de Cristina Kirchner luego del ataque que sufrió el 1° de septiembre de 2022.
En los últimos meses, uno de los elementos que cobró relevancia en la investigación judicial es la situación de María Soledad Calle, secretaria de Furlán y directora de la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), vinculada con la administración de fondos y aportes de los afiliados del sindicato.
Calle adquirió un inmueble ubicado en San José 1111, en el mismo edificio donde se encuentra la propiedad en la que Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La operación adquirió relevancia dentro de las investigaciones que involucran a la conducción de la UOM y el manejo de los recursos sindicales.
En paralelo, Furlán se distanció de la CGT y conformó el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), desde donde adoptó una posición más confrontativa frente al Gobierno de Javier Milei.
En marzo de 2023 fue reelegido al frente de la UOM con el respaldo de 48 de las 53 seccionales. Sin embargo, la Justicia posteriormente anuló el proceso electoral y dispuso la intervención del sindicato a partir de irregularidades detectadas en la seccional Zárate-Campana, considerada la principal base sindical de Furlán.
Los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González cuestionaron el procedimiento y consideraron que la elección no había garantizado condiciones suficientes de confiabilidad, seguridad y transparencia. Según el fallo, la situación afectó principios vinculados con la democracia y la libertad sindical establecidos en la Constitución y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Desde mayo, la UOM permanece intervenida. La conducción fue puesta bajo la responsabilidad de Alberto Biglieri, quien quedó a cargo de la administración y del control interno del sindicato y debe presentar informes trimestrales ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
La intervención electoral se sumó a otra investigación judicial que ya alcanzaba a Furlán por presuntos delitos vinculados con la administración de fondos sindicales. En ese expediente, el juez federal Julián Ercolini ordenó allanamientos en oficinas de la UOM a partir de un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano.
La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en un contrato entre la UOM y USEM. El acuerdo le otorga a esta última participación en la administración de una parte sustancial de los aportes sindicales, incluyendo la posibilidad de operar cuentas y gestionar pagos.
De acuerdo con la investigación, USEM recaudaría más de $100 millones mensuales provenientes de unos 200.000 afiliados y tendría bajo su control alrededor del 80% de los aportes sindicales. El expediente también busca establecer quiénes ejercen efectivamente el control de la empresa.
Furlán y Calle fueron señalados dentro de la investigación. Sin embargo, desde la UOM sostienen que no existe una imputación formal, sino un pedido de investigación, y remarcaron que el dirigente sindical presentó documentación y pruebas de manera voluntaria ante la Justicia.
La UOM cuenta actualmente con unos 190.000 afiliados y alrededor de 135.000 aportantes a su obra social. La administración de esta última se encuentra a cargo de Raúl Olmos, con quien Furlán mantiene un enfrentamiento que también se trasladó a la Justicia y a la conducción de distintas estructuras vinculadas al sindicato.
Las diferencias entre ambos dirigentes se profundizaron en 2023, cuando la conducción de la UOM resolvió apartar a Olmos de la administración de un fideicomiso constituido en el Banco Nación para resguardar fondos de los afiliados luego de la crisis de 2001.
En este contexto, la situación de USEM y el rol de sus responsables adquirieron una mayor relevancia dentro de las investigaciones que atraviesan a la UOM, especialmente a partir de la adquisición del inmueble por parte de Calle en el mismo edificio donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner.
