La Cámara de Puertos Privados Comerciales manifestó su preocupación por el incumplimiento, según sostuvo, de la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo en el marco del conflicto con la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA).
La entidad presentó además una denuncia ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y solicitó la intervención de la autoridad laboral y la aplicación de las sanciones correspondientes.
Según la cámara, en el puerto de Bahía Blanca delegados gremiales comunicaron a las empresas terminales que dejarían de realizar horas extraordinarias y que impedirían el reemplazo o la redistribución temporal de trabajadores entre distintos sectores.
La entidad señaló que, aunque las horas extras son voluntarias por ley, constituyen una práctica habitual en la actividad agroexportadora y contribuyen al funcionamiento continuo de las terminales portuarias. También sostuvo que la imposibilidad de cubrir vacantes o reasignar trabajadores entre sectores dificulta la recepción de los camiones y altera el funcionamiento de la cadena logística.
Como consecuencia de estas medidas, más de 400 camiones quedaron demorados en las inmediaciones del puerto, afectando el transporte terrestre y el movimiento de granos destinado a la exportación. En la jornada anterior, la cantidad había llegado a unos 500 vehículos, aunque las condiciones climáticas y una menor actividad agrícola redujeron posteriormente el número.
El conflicto se originó en una negociación salarial que llevaba varios meses. Durante las conversaciones previas al dictado de la conciliación obligatoria, las empresas presentaron una propuesta de aumento del 31,99% para el período comprendido entre enero y diciembre de 2026.
La oferta, según la cámara, se ubicaba por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado por el Gobierno nacional y organismos técnicos, estimado en 30,20%. También incluía un pago extraordinario de $359.095 para los trabajadores de tercera categoría, con montos proporcionales para las restantes categorías. Ese importe se abonaría en dos cuotas consecutivas a partir de agosto.
La propuesta fue rechazada y posteriormente comenzaron las medidas de fuerza. Ante esa situación, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero desde el sector empresario sostienen que la medida no fue acatada y que se modificaron las condiciones habituales de funcionamiento de las terminales.
Los puertos agroexportadores operan durante las 24 horas y requieren una determinada flexibilidad en la distribución de tareas para sostener el flujo de ingreso de mercadería. La interrupción de esas prácticas derivó en demoras para los camiones que esperan descargar los granos.
El impacto alcanza también a los transportistas, que deben permanecer en las inmediaciones de las terminales durante períodos más extensos antes de poder completar la descarga y regresar. La acumulación de vehículos genera además congestión en los accesos y rutas cercanas al complejo portuario.
La demora en el ingreso de los granos también puede repercutir sobre el cumplimiento de los compromisos de exportación, dado que la mercadería debe llegar a las terminales para ser cargada en los buques. El sector portuario advirtió que una extensión del conflicto podría generar mayores costos logísticos y afectar el flujo de exportaciones y el ingreso de divisas.
La operatoria marítima es otro de los puntos sensibles. Los buques que llegan a las terminales tienen cronogramas de carga y salida que dependen del abastecimiento de mercadería, por lo que las demoras en la recepción de granos pueden generar costos adicionales y alterar la planificación de los embarques.
El sector empresario ya informó a la Secretaría de Trabajo sobre el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria. La audiencia que estaba prevista para el próximo martes fue adelantada para mañana, con la expectativa de que la intervención de la autoridad laboral permita encauzar la negociación y evitar una profundización del conflicto.
Mientras tanto, las demoras en Bahía Blanca mantienen bajo presión a la logística agroexportadora, con cientos de camiones a la espera de descargar y una negociación salarial que todavía no alcanzó un acuerdo.
