La presentación también solicita determinar si existieron responsabilidades de funcionarios argentinos por una eventual falta de vigilancia y patrullaje o por no haber promovido acciones destinadas a investigar y perseguir las actividades denunciadas.
El reclamo fue impulsado por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio y alcanza a directivos, administradores y representantes de las compañías señaladas. De acuerdo con la denuncia, las operaciones cuestionadas tendrían impacto sobre la soberanía argentina, el control aduanero y el aprovechamiento de recursos naturales ubicados en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva argentina.
La presentación sostiene que las empresas estarían explotando comercialmente recursos pesqueros argentinos de manera ilegítima. Allí se cuestiona particularmente el uso de las denominadas “licencias de pesca” otorgadas por las autoridades británicas y se plantea que esas autorizaciones permitirían desarrollar actividades sobre recursos que, según los denunciantes, se encuentran bajo soberanía argentina.
Otro de los puntos señalados está relacionado con el destino de las capturas. Según la denuncia, embarcaciones vinculadas con las compañías podrían estar realizando exportaciones, trasbordos o descargas sin someterse a los controles aduaneros argentinos. A partir de ese planteo, los denunciantes sostienen que los hechos podrían encuadrar en figuras vinculadas con el contrabando, al considerar que se extraerían recursos de jurisdicción argentina sin pasar por los mecanismos de fiscalización correspondientes.
La presentación también plantea que las autorizaciones británicas podrían estar siendo utilizadas para evitar los controles de organismos argentinos y el eventual pago de los derechos asociados a esas operaciones. En ese marco, se invocaron distintos artículos del Código Aduanero vinculados con la obstrucción del control y la exportación clandestina, además de señalarse una presunta coordinación de las operaciones para eludir controles de la Aduana y de la Prefectura Naval Argentina.
Para avanzar con la investigación, se solicitó a la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que aporten información sobre la identificación y el avistamiento de buques relacionados con las empresas mencionadas, así como de otras embarcaciones que desarrollen actividades en el Atlántico Sur con licencias británicas o sin autorización argentina.
También se requirió información a la Dirección General de Aduanas para determinar si las compañías denunciadas realizaron operaciones de exportación y si abonaron los aranceles correspondientes por capturas efectuadas en la zona marítima de las Islas Malvinas. A la Inspección General de Justicia se le pidió, además, información sobre eventuales vínculos comerciales de las empresas con filiales y activos radicados en el territorio continental argentino.
La denuncia busca determinar tanto la eventual responsabilidad de las empresas y sus directivos como la existencia de posibles incumplimientos por parte de funcionarios argentinos encargados de las tareas de supervisión. Como medidas adicionales, se pidió que, si corresponde, los directivos sean citados a prestar declaración indagatoria y que se dispongan medidas cautelares sobre los buques y los activos comerciales que las compañías pudieran tener en el continente.
