Esta resolución fue oficializada a través de la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que fue publicada en el Boletín Oficial el miércoles. Hasta el momento, la Ley 24.714 establecía que el 80% del monto de la asignación se abonaba mensualmente, mientras que el 20% restante se retenía hasta que el beneficiario probara el cumplimiento de ciertas condiciones.
Para los menores de hasta cuatro años, era necesario comprobar los controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación, mientras que para los niños y adolescentes en edad escolar, se requería la acreditación de asistencia al ciclo lectivo.
En los considerandos de la nueva normativa, el Gobierno subrayó que mediante la Resolución 1170/2025 se había implementado un mecanismo de verificación automática que solo abarcaba los controles sanitarios y de vacunación de los menores de cuatro años. Ahora, se ha decidido extender este sistema, tanto a la salud como a la educación, abarcando a todos los beneficiarios de la prestación.
Una de las modificaciones más relevantes establece que “el cumplimiento de ambas condicionalidades se acreditará en forma automática a través del intercambio de información segura entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”.
No obstante, la resolución mantiene una alternativa para aquellos casos en que la información no esté disponible en las bases oficiales. En tales situaciones, “el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través de los procedimientos que dicho organismo determine al efecto”.
De acuerdo al nuevo esquema, cuando se verifique automáticamente que se han cumplido los controles de salud y vacunación de los niños menores de cuatro años, “el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el ochenta por ciento (80%) del monto de la prestación”.
El Gobierno justificó esta medida como “oportuna”, ya que permite extender los mecanismos de validación automática a todos los beneficiarios de la asignación, minimizando así la necesidad de realizar trámites presenciales o presentar documentación cuando los datos ya están disponibles en registros del estado. También se destaca que las modificaciones se enmarcan en principios de “eficiencia administrativa” y “simplificación de trámites” previstos por diversas normas vinculadas a “la protección integral de niñas, niños y adolescentes, la educación y la atención de la primera infancia”.
Por último, se afirmó que la decisión “contribuye al fortalecimiento del sistema de protección social” y permite “reforzar la vinculación entre la política sanitaria y educativa con la política de ingresos”. La resolución encomienda a la ANSES la adopción de “las medidas y normas que resulten necesarias” para implementar este nuevo esquema de intercambio de información y control automático.
