Según explicó, la temática ya era analizada en la Cámara de Diputados y existía un entendimiento político entre el oficialismo y sectores de la oposición para avanzar sobre el tema bajo determinados criterios. En ese contexto, Bullrich señaló que desconocía que el proyecto presupuestario incorporaría modificaciones al régimen vigente.
La legisladora sostuvo que, al tratarse de la titular de una bancada y formar parte de la mesa donde se analizan cuestiones políticas, esperaba conocer previamente los cambios que finalmente llegan al Congreso. A su entender, que los legisladores se encuentren con modificaciones que no fueron discutidas previamente puede afectar la relación entre el Ejecutivo y sus bloques parlamentarios.
Bullrich aclaró además que el Senado tendrá un papel de revisión sobre el proyecto y que aguardará conocer el texto que finalmente llegue a esa Cámara para evaluar su contenido. La discusión en Diputados, según planteó, todavía presenta distintos puntos de conflicto.
Entre los cambios incluidos en el Presupuesto 2027 se encuentra una modificación del régimen de pensiones no contributivas. El proyecto reemplaza la denominación de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social por la de Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, cuyo monto equivaldría al 70% del haber mínimo jubilatorio.
La iniciativa también establece nuevas condiciones de compatibilidad. El beneficio dejaría de poder percibirse junto con un vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado, lo que alcanzaría también a los monotributistas. De esta manera, se eliminaría la posibilidad actualmente contemplada de conservar la pensión cuando existe un empleo registrado con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
Otro de los cambios centrales está relacionado con el Nomenclador de Prestaciones Básicas previsto en la Ley 24.901. El proyecto propone eliminar la referencia a “valores universales” para las prestaciones y modificar el sistema mediante el cual se determinan los aranceles que deben cubrir el Estado, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y otros financiadores.
De aprobarse la modificación, cada entidad obligada establecería los valores correspondientes en su relación con los prestadores. En el caso de las prestaciones financiadas por el Estado nacional, los aranceles serían determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad. Si la actualización no se concreta dentro del plazo previsto, se tomaría como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC. También se eliminaría el mecanismo de actualización automática asociado a la movilidad jubilatoria.
El proyecto modifica además la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793 mediante la derogación de los artículos 5, 8, 9 y 14. Entre las consecuencias previstas se encuentra la eliminación de disposiciones vinculadas con la definición y el esquema de protección de la emergencia, así como de la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones no contributivas.
También desaparecería el mecanismo de traspaso automático al nuevo régimen de protección social para quienes ya fueran beneficiarios de una pensión. A su vez, se eliminaría el artículo que incorporó a la Ley 24.901 el principio de igualdad de aranceles y su correspondiente mecanismo de actualización.
En materia presupuestaria, el proyecto contempla para 2027 una partida de $6,094 billones destinada al programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y otros $1,165 billones para la atención médica de sus beneficiarios.
El financiamiento de las medidas vinculadas con la emergencia quedaría sujeto a partidas específicas del Ministerio de Salud. Si esos recursos resultaran insuficientes, el Poder Ejecutivo podría disponer compensaciones presupuestarias mediante créditos de Obligaciones a Cargo del Tesoro destinados a Salud y Seguridad Social.
Las modificaciones generaron rechazo entre los bloques opositores, que venían trabajando sobre una propuesta alternativa para mantener la emergencia en discapacidad. Ese proceso había incluido puntos de entendimiento entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición, por lo que la incorporación de los cambios al proyecto presupuestario abrió una nueva instancia de discusión parlamentaria.
