El planteo fue realizado luego de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 postergara, sin establecer una nueva fecha, el comienzo del debate oral y público que estaba previsto para los próximos días. La decisión, firmada por el juez Jorge Alejandro Zabala, se fundamentó en la necesidad de ordenar de mejor manera el desarrollo del proceso.
Aguinsky recordó que en junio de 2024 había elevado la causa N° 529/2016/273, correspondiente a las actuaciones vinculadas con el legajo 273 por contrabando agravado, que actualmente se encuentra bajo intervención del tribunal oral.
En su resolución, el magistrado destacó la magnitud del expediente, compuesto por 68 cuerpos y sus respectivos anexos de investigación. También señaló la cantidad de personas imputadas y la participación de funcionarios aduaneros que, de acuerdo con la investigación, habrían intervenido en maniobras capaces de provocar un importante perjuicio al erario público.
Para Aguinsky, la dimensión del caso requiere que el Poder Judicial concentre recursos en la investigación y juzgamiento de las grandes maniobras de contrabando. En ese sentido, sostuvo que el tratamiento de este tipo de expedientes debe ocupar un lugar central dentro de los esfuerzos judiciales destinados a combatir ese delito.
El reclamo se produce además en medio de distintos movimientos dentro de la Aduana. José Velis presentó su renuncia como titular del organismo el mes pasado, aunque todavía no había sido aceptada. Paralelamente, las abogadas que habían impulsado la denuncia que dio origen a la investigación fueron removidas de sus funciones y recibieron una intimación para aceptar una categoría inferior o ser trasladadas a otra área.
A esto se suma la posible designación de un nuevo director general de Aduanas, en un escenario que generó atención dentro del ámbito judicial debido a que el abogado mencionado para ocupar ese cargo representa a varios verificadores aduaneros imputados en la causa.
Mientras el expediente principal continúa sin una fecha definida para el juicio oral, Aguinsky también puso en discusión la forma en que la legislación establece los montos que determinan la gravedad de determinadas maniobras de contrabando.
El juez contrastó la dimensión de la denominada “Mafia de los Contenedores” con expedientes de menor escala. Como ejemplo, mencionó el procesamiento de Saavedra Valenzuela, a quien atribuyó en principio la tenencia de mercadería proveniente de China, compuesta por 58 sábanas y 20 frazadas, valuada en $840.736.
A partir de esa comparación, Aguinsky señaló la necesidad de revisar los parámetros económicos contemplados por la normativa para establecer la gravedad de las infracciones y delitos aduaneros. Según explicó, los valores fijados por la legislación quedaron desactualizados frente a la inflación registrada durante los últimos años.
El magistrado tomó como referencia el monto de $500.000 establecido en diciembre de 2017 por la legislación y calculó su actualización de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con ese cálculo, el valor actualizado se ubicaría en aproximadamente $48.382.973.
En su análisis, Aguinsky también señaló los efectos que atribuye al contrabando sobre la recaudación fiscal, la competencia entre empresas, el empleo, la trazabilidad de las operaciones y los mecanismos estatales de control sobre los productos comercializados.
La cuestión adquiere relevancia en un contexto de preocupación dentro de la industria argentina por el ingreso y comercialización de productos extranjeros. Un relevamiento entre empresas indicó que casi seis de cada diez compañías consultadas consideraron alto o muy alto el impacto del contrabando: el 35% lo calificó como alto y el 24,7% como muy alto.
El planteo del juez se suma así al debate sobre la dimensión de las investigaciones por contrabando, los recursos destinados a su persecución y la necesidad de adecuar los valores previstos en el artículo 947 de la Ley 22.415 a la evolución de los precios.
