En 1999, la familia Bland cedió 36 hectáreas de tierra por solo US$10, con la intención de que se convirtieran en un parque público. Sin embargo, en 2025, el terreno fue vendido por US$10 millones a una desarrolladora privada involucrada en la construcción de centros de datos.
La situación se dio a conocer a través de un portal de noticias que destacó una antigua escritura y las condiciones de la transferencia del terreno.
La historia remonta a cuando la familia Bland donó el predio a la Fundación de Parques y Recreación de Texas por una suma simbólica, con el objetivo de que el área sirviera como parque para la comunidad. A lo largo de los años, el terreno pasó por varias transferencias hasta que finalmente llegó a formar parte de la ciudad de Taylor, al noreste de Austin.
Taylor ha emergido como un punto focal para el desarrollo industrial y tecnológico, lo que llevó a la venta del terreno en 2025 a Blueprint, una empresa dedicada al desarrollo de centros de datos.
El proyecto ha generado inquietudes entre algunos residentes, ya que la construcción se situaría a aproximadamente 150 metros de la vivienda de una de las familias que ha habitado en el área por generaciones.
El núcleo del argumento gira en torno a la escritura original, que contenía una disposición específica sobre el uso del terreno. Según la documentación del caso, el predio debía ser mantenido en fideicomiso para su futuro uso como parque. La interpretación de esta cláusula se ha convertido en uno de los aspectos más disputados del caso.
Las autoridades locales sostienen que en las transferencias posteriores no se incluyó esa condición en las escrituras subsecuentes, lo que llevó a las autoridades a considerar válida la venta a Blueprint. En contraposición, los vecinos y descendientes de los antiguos propietarios argumentan que la intención original de la familia Bland era preservar el terreno para el uso comunitario.
Pamela Griffin, una de las descendientes de familias que han vivido en el área por generaciones, se ha erigido como una de las principales oponentes al proyecto. Según sus relatos, el agricultor que cedió las tierras había expresado a su padre su deseo de que el lugar se convirtiera en un parque y no en un desarrollo industrial. Sin embargo, este recuerdo no está documentado de manera formal.
La transformación del terreno ha alterado un entorno que durante años fue utilizado por las familias locales para reuniones y actividades recreativas al aire libre. El nuevo proyecto de un centro de datos promete cambiar completamente la naturaleza de la propiedad.
El conflicto ha llegado a los tribunales, donde la ciudad defiende que la venta se ajustó a la normativa vigente, mientras que los opositores critican la interpretación de la escritura original y exigen que se respete el propósito comunitario establecido en el momento de la cesión por US$10. Por el momento, la disputa judicial continúa sin una resolución definitiva y el futuro de las 36 hectáreas se mantiene incierto.
