La investigación detectó una presunta maniobra en la que habrían participado 23 personas, quienes habrían intervenido en la modificación de recibos de sueldo y en la declaración de viáticos correspondientes a personal destinado al exterior. También se investigan gastos que no se habrían realizado.
A partir de las actuaciones, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, dispuso el apartamiento de ocho capitanes de corbeta y un suboficial. Los involucrados quedarán sujetos al Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas mientras se determina si corresponde atribuirles responsabilidad disciplinaria.
La propia Armada, que depende del Ministerio de Defensa, informó que la medida se adoptó a raíz de las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes y que permanecerá vigente hasta que se establezca la eventual responsabilidad del personal involucrado.
El relevamiento interno permitió detectar movimientos irregulares registrados entre julio de 2022 y enero de 2026. De acuerdo con las actuaciones, esas operaciones representarían aproximadamente $938 millones en acreditaciones cuestionadas.
Entre los militares apartados figura el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, quien estaba al frente del Departamento Revista de la Armada. En la investigación también aparece su esposa, María del Carmen Prieto, señalada como una de las personas que habría recibido fondos provenientes de los pagos investigados.
Según la denuncia, Prieto habría recibido $152,2 millones mediante 46 transferencias realizadas a una cuenta bancaria. La presentación judicial también alcanzó a otras tres personas que no pertenecen a la fuerza naval.
Se trata de Andrés Santana, quien habría recibido $99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, con $91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, a quien se atribuye la recepción de $90,4 millones.
La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, donde se tramita la investigación sobre las operaciones y la posible responsabilidad de las personas involucradas.
Mientras avanzan las actuaciones, la Armada Argentina ratificó su política de tolerancia cero frente a hechos de fraude, corrupción, irregularidades o conductas que contradigan las normas y valores de la institución.
