Los incendios en la región patagónica han experimentado un resurgimiento en las últimas horas, lo que ha motivado al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a reiterar su solicitud de que el Poder Judicial imponga penas severas a quienes resulten responsables de estos perjuicios ambientales. De hecho, recientemente se produjo la detención de un individuo mientras incendiaba pastizales, un suceso ante el cual el mandatario provincial manifestó su enérgico rechazo.
El gobernador Torres enfatizó la insuficiencia de la mera detención: «La detención no resulta suficiente: si los responsables ingresan por una puerta y egresan por otra, el daño ya se ha consumado. Por tal motivo, resulta imperativo incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, con el objeto de dotar a los magistrados de herramientas concretas que permitan imponer condenas rigurosas a aquellos que atentan contra nuestro ambiente», demandó.
En este contexto, Ignacio Torres instó a dar tratamiento urgente al proyecto de ley impulsado por la senadora Edith Terenzi, cuyo objetivo es endurecer las penas: «Aquel que incinera nuestro territorio debe cumplir su pena con la máxima severidad en prisión», afirmó el gobernador de Chubut a través de su cuenta oficial en la plataforma X.
Análisis del proyecto respaldado por Ignacio Torres
La iniciativa legislativa de la senadora por Chubut tiene como propósito «tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación». En este marco, el proyecto define el ecocidio como «el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de tal manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras».
La legisladora, que mantiene una línea de acción acorde con el gobernador Ignacio Torres, propone la aplicación de penas que oscilan entre los tres y los diez años de prisión, acompañadas de multas equivalentes a 30 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Esta suma representaría un monto levemente superior a los 10 millones de pesos para quienes sean hallados culpables de la destrucción del medio ambiente.
«La progresiva degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz por parte del derecho penal, en su carácter de ultima ratio para la protección de bienes jurídicos fundamentales, como el que nos ocupa», consideró la senadora chubutense al presentar la propuesta.
