La Justicia impuso una pena de 14 años de prisión efectiva a César Cepeda. El fallo fue emitido por Dardo Tórtul, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay y juez técnico, quien también ordenó la continuidad de su prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 5 “Gobernador Ramón Febre”, ubicada en la ciudad de Victoria. Así, Cepeda seguirá detenido en esa unidad hasta que la sentencia quede firme.
César Cepeda recibió la máxima sanción contemplada para los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda y abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda”, en relación a dos menores que, según informaron fuentes judiciales, serían sus familiares directos.
Tras el examen de las pruebas y la escucha de los testimonios, un jurado popular formado por ciudadanos seleccionados según la normativa vigente halló culpable al imputado. El veredicto dejó en claro la responsabilidad penal de Cepeda en los hechos investigados, según indicaron las informaciones.
El proceso judicial se llevó a cabo bajo la modalidad de juicio por jurados, implementada en la provincia mediante la Ley Provincial Nº 10.746. La audiencia, llevada a cabo a puertas cerradas, cumplió con la normativa que protege la intimidad de las víctimas en delitos relacionados con la integridad sexual.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Fernando Martínez, mientras que la defensa técnica de César Cepeda fue asumida por los letrados Walter Martínez e Ignacio Martínez. A su vez, el defensor público Gustavo Piquet actuó en representación del Ministerio Público Pupilar.
Un caso análogo tuvo lugar en Calchaquí, provincia de Santa Fe, donde la condena fue notablemente menor. Un hombre de 23 años fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente con acceso carnal de una niña de su entorno familiar.
Los abusos se cometieron en múltiples ocasiones durante la educación primaria de la víctima, en el hogar donde el acusado residía con su madre. La menor acudía a esa vivienda para ser cuidada por la mujer, y el condenado aprovechaba las circunstancias para estar a solas con la niña, según la investigación liderada por la fiscal Paula Prieto, del Ministerio Público de la Acusación.
La denuncia se conoció en agosto de 2024, tras el testimonio espontáneo de la menor en la escuela y la intervención de una profesional del equipo socioeducativo, que posibilitó activar el protocolo de protección y el inicio del proceso judicial. La condena fue emitida luego de un juicio oral en los tribunales de Vera, donde se preserva la identidad de la víctima para salvaguardarla.
La discrepancia entre la sentencia en Santa Fe y el reciente fallo en Entre Ríos resalta las diferencias significativas en las respuestas judiciales a delitos sexuales perpetrados en el ámbito familiar. Frente a incidentes de abuso sexual infantil, existen recursos como la Línea 137, que proporciona asistencia gratuita y confidencial para la denuncia de situaciones de violencia familiar y delitos contra la integridad sexual en todo el país. La intervención temprana de la comunidad educativa, junto con la colaboración entre organismos judiciales y sociales, es fundamental para asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes.
