En medio de la causa por violencia de género que involucra a la ex primera dama, Fabiola Yañez, y al expresidente Alberto Fernández, el abogado Juan Pablo Fioribello fue denunciado ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La denuncia fue presentada por el letrado Jeremías Rodríguez, que acusó a Fioribello de violar el secreto profesional, asesorar simultáneamente a personas con intereses opuestos y ventilar detalles de un expediente confidencial.
La causa surge el 6 de agosto, cuando Fabiola Yañez radicó una denuncia penal por violencia de género contra su pareja, Alberto Fernández. Fue presentada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini, por derecho propio, es decir, sin la intervención de un abogado.
Sin embargo, pocas horas después, Juan Pablo Fioribello, quien había representado tanto a Yañez como a Fernández en otros asuntos legales, comenzó a aparecer en diversos medios de comunicación, divulgando detalles sensibles de la denuncia. El letrado declaró que había hablado tanto con la denunciante como con el denunciado, revelando información que debería haberse mantenido bajo estricta confidencialidad.
Las acusaciones contra Fioribello
En la denuncia presentada por Rodríguez, se señala que Fioribello no solo violó el secreto profesional al divulgar conversaciones privadas con sus clientes, sino que también asesoró a ambas partes en el conflicto, una acción prohibida por el Artículo 10 de la Ley 23.187, que regula el ejercicio de la abogacía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta ley establece que un abogado no puede representar, patrocinar o asesorar simultáneamente a personas con intereses opuestos en una misma causa.
Rodríguez subraya que Fioribello, sin mandato legal alguno, se embarcó en una “procesión mediática”, ventilando hechos de un expediente de carácter reservado y divulgando detalles sobre pruebas y medidas que aún no habían sido presentadas formalmente ante la Justicia.
El accionar de Fioribello, según la denuncia, no solo compromete su propia integridad profesional, sino que también afecta la confianza que los ciudadanos depositan en los abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. “Este deber es a su vez un derecho del cliente que garantiza la confidencialidad de que no se revele información obtenida durante la relación profesional con ellos”, afirmó Rodríguez en su presentación.
La divulgación de información confidencial y la asesoría simultánea a ambas partes en un conflicto tan delicado como el de una denuncia por violencia de género no solo plantea un conflicto de intereses, sino que podría minar la credibilidad de la profesión ante la opinión pública.
