El negocio de las apuestas digitales atraviesa un momento de fuerte expansión en la Argentina, impulsado este año por el efecto del Mundial, pero el Estado deja de percibir alrededor de $ 6.000 millones mensuales debido al avance del juego clandestino. Según estimaciones de la propia industria, cerca del 75% de las operaciones en línea funcionan en la ilegalidad, sin tributar ni aplicar barreras de control para evitar el acceso de menores de edad, mientras en el Senado permanece estancado un proyecto de ley con media sanción de Diputados desde hace dos años que perderá estado parlamentario a fin de mes, en un contexto atravesado también por los reclamos de la Iglesia.
A pesar de la evasión que genera el mercado paralelo, los ingresos fiscales provenientes del sector legal alcanzaron cifras históricas. De acuerdo con informes privados elaborados a partir de estadísticas oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los tributos sobre el juego digital sumaron cerca de $ 17.000 millones en octubre. Si bien esa cifra representa una baja del 9% frente al pico máximo de $ 18.600 millones registrado en julio durante el certamen mundialista, implica un salto nominal del 47% respecto de los $ 11.500 millones recaudados un año atrás. En términos reales, descontada la inflación, la recaudación del rubro creció un 39,8% interanual en octubre y acumula un alza del 41,3% en lo que va del año.
No obstante el crecimiento sostenido, el peso de las apuestas en línea dentro de la recaudación tributaria total continúa siendo acotado. Análisis económicos señalan que, mientras en 2024 aportaban el 0,02% de los ingresos fiscales, hoy representan el 0,1%, una proporción entre cinco y siete veces inferior a la de mercados como España, Reino Unido o Brasil, donde el presidente Lula da Silva dispuso el bloqueo de casinos virtuales debido a su impacto en la salud pública y el endeudamiento de las familias, y donde el sector explica entre el 0,5% y el 0,7% de la recaudación. Como parámetro de esta evolución local, especialistas destacan que actualmente se recauda $ 1 de juego online por cada $ 10 de impuestos al tabaco, cuando hace dos años esa relación era de 1 a 20, un cambio en el que también incide la caída en el consumo de cigarrillos.
El esquema impositivo para las plataformas habilitadas en el país —identificadas con el dominio web “.bet.ar”— combina gravámenes nacionales y provinciales. A nivel nacional rigen el IVA, el impuesto a las Ganancias y el tributo indirecto sobre apuestas digitales creado a fines de 2016 por la ley 27.346. En el plano subnacional, cada jurisdicción fija sus propias reglas a través de sus entes reguladores: los operadores pagan un canon por licencia a las loterías locales y tributan Ingresos Brutos a los ministerios de Hacienda provinciales, con alícuotas que varían desde el 6% en la Ciudad de Buenos Aires hasta el 12% en Mendoza y el 15% en la Provincia de Buenos Aires.
En la jurisdicción porteña, donde operan 11 plataformas autorizadas y se cobra además un cargo anual de US$ 100.000 por operador, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires informó que la recaudación acumulada entre enero y octubre alcanzó los $ 13.034 millones, con $ 1.514 millones ingresados el mes pasado. Desde el organismo oficial precisaron que esas utilidades se transfieren al Gobierno porteño, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, para el financiamiento de programas de asistencia y desarrollo social.
Por su parte, en territorio bonaerense funcionan siete sitios habilitados y se aplica una retención adicional del 2% sobre los premios de juegos de resolución inmediata, como las tragamonedas virtuales, destinada al Fondo de Progreso e Inclusión Social (Fopis) para la prevención de la ludopatía. Según datos de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, en octubre la jurisdicción percibió cerca de $ 9.883,3 millones en concepto de canon —equivalente al 10% de la utilidad bruta total de $ 98.833 millones resultante de restar los premios a las apuestas—, fondos que se distribuyen principalmente entre rentas generales y los municipios. Frente a este esquema regulado, que exige a las firmas legales cumplir con hasta 18 instancias de verificación incluyendo declaraciones juradas y reconocimiento facial, los operadores autorizados reclaman controles efectivos para frenar la competencia de los sitios clandestinos que operan por fuera de la ley.








