El enigmático caso del empresario del tabaco

Un empresario eludía el pago de impuestos argumentando que su pequeña y mediana empresa no podía competir con grandes compañías internacionales, un razonamiento que resultaba insostenible. Pese a ello, logró sortear obstáculos judiciales que le permitieron continuar con su actividad sin rendir cuentas al Estado. El presidente Javier Milei llegó a manifestar: “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos, como el ‘Señor del Tabaco’, que hacen lobby para defender sus intereses”. El Congreso, sin embargo, no aprobó una normativa que obligara a dicho empresario a tributar, lo que provocó que el presidente delegara la responsabilidad en “la casta, gobernadores, opositores y empresarios”, sin dar nombres concretos. La situación se volvió más compleja debido a que el empresario vendía cigarrillos sin cargar casi el 80% de impuestos previstos para combatir la adicción al tabaco. No se sabe a ciencia cierta si sus precios realmente fueron un 20% inferiores a los de las marcas tradicionales, pero su empresa, Tabacalera Sarandí, logró una rápida expansión, pasando de controlar el 5,6% a un 38,4% del mercado argentino, según datos de una consultora liderada por el economista Dante Sica, exministro del gobierno de Mauricio Macri. Este notable crecimiento plantea interrogantes sobre cómo lo logró. El personaje en cuestión es Pablo Otero, conocido como el Señor del Tabaco, quien mantiene un perfil bajo y se vio, recientemente, derrotado en su última batalla judicial por evasión fiscal. La Corte Suprema de Justicia decidió, unánimemente, que Otero debía abonar al fisco aproximadamente 1000 millones de dólares, correspondiente a impuestos no pagados desde 2018. Un análisis realizado por la consultora de Sica pone de manifiesto que la evasión de Otero y de otras pymes del sector provocó una pérdida acumulada para el Estado de 5.823 millones de dólares entre 2018 y 2023. Otero argumentó que las crisis económicas habían empujado a los consumidores a optar por marcas más económicas como la suya, pero esta defensa fue desestimada por la Corte. Actualmente, Otero se enfrenta a nuevas revisiones por lavado de dinero, un asunto que emergió cuando la Unidad de Informes Financieros (UIF) advirtió que su fortuna podría tener un origen ilícito y que se había valido de una “usina de facturas truchas” para blanquear dinero. El caso se encuentra bajo la supervisión de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Aunque este último inicialmente consideró que no había pruebas suficientes, la jueza rebatió su decisión. A pesar de que otro fiscal discrepó abogando por avanzar en la denuncia, el caso fue finalmente archivado por falta de pruebas en la Cámara Federal, lo que llevó a la ARCA a apelar la decisión, argumentando su marginación como querellante. La situación se encuentra en un laberinto judicial, con la posibilidad de que la ARCA recurra ante la Corte Suprema. A su vez, Otero enfrenta otra causa por falsificación de estampillas, relacionada con el empaquetado de sus productos, que hasta ahora no ha progresado en la investigación. En cuanto al marco regulatorio, Argentina firmó, en 2003, el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, pero la industria tabacalera ha obstaculizado su ratificación legislativa, convirtiendo al país en el único de la región sin dicho compromiso. La retirada de Argentina de la OMS, tras la decisión de Milei, complica aún más la situación, estableciendo que un tema crítico para la salud pública no será abordado. Si las cifras de evasión citadas por Sica son precisas, la situación de justicia social resulta indiscutible, dado que algunos lograron evadir un importante impuesto en un país que ya tiene una carga fiscal elevada. Es probable que la historia de Otero resuene nuevamente en el futuro cuando las tensiones actuales se calmen.