La resolución fue formalizada mediante el Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial, y está bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Según estipula la norma, cada una de las provincias podrá acceder a anticipos por hasta $400.000 millones. Sin embargo, el monto concreto será establecido por la Secretaría de Hacienda, considerando la capacidad de repago de cada jurisdicción y su participación en la recaudación de impuestos nacionales.
Desde el Ministerio de Economía se indicó que las provincias enfrentan una situación transitoria que dificulta cumplir con sus compromisos financieros más inmediatos, tanto derivados de la ejecución de sus presupuestos como de la amortización de deudas.
Los fondos deberán ser reembolsados en el transcurso del ejercicio fiscal 2026 y generarán intereses a una tasa fija nominal anual del 15%, que comenzará a contabilizarse desde el momento del desembolso.
Además, la normativa otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de firmar convenios individuales con cada provincia para definir las condiciones de devolución y otros aspectos operativos en torno a la asistencia financiera.
Como garantía para el reembolso, las provincias afectarán los recursos que les corresponden por coparticipación federal, autorizando la realización de retenciones automáticas sobre esos fondos para cancelar tanto el capital como los intereses asociados al préstamo.
Esta decisión se suma a una medida adoptada recientemente, en la cual se habilitaron anticipos financieros por el mismo monto para otras 12 provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
La legislación vigente faculta al Ministerio de Economía a otorgar este tipo de adelantos sobre recursos coparticipables, siempre que sean reintegrados dentro del mismo año fiscal y cuenten con mecanismos que aseguren su recuperación.
Un informe de la Fundación Mediterránea pone de manifiesto que en 2025 las provincias argentinas culminaron con un déficit financiero del 0,4% del PBI, lo que representó un deterioro significativo en comparación con 2024, cuando se había registrado un superávit del 0,1% del PBI.
El informe sostiene que “en el año 2025 el conjunto de provincias habría finalizado con un déficit financiero de alrededor de 0,4% del PIB, cuando en 2024 se había observado un superávit del 0,1%”. Además, se menciona que “en 2023, previo al actual período de gobierno, se produjo un déficit financiero en el consolidado de provincias equivalente al 0,3% del PIB”.
El estudio explica que, tras una caída real de ingresos del 12,8% en 2024 y un recorte en el gasto del 14,9%, las provincias lograron presentar un superávit financiero de 0,1% del PBI en ese año. Sin embargo, en 2025 se revirtieron los ajustes, ya que las erogaciones aumentaron más (6,5%) que los ingresos (2,9%), lo que las llevó de nuevo a un déficit financiero.
El deterioro en la situación fiscal de las provincias durante el año pasado se vio influenciado por las elecciones, que conllevaron un aumento en el gasto, una desaceleración en la actividad y recortes en las transferencias a los gobiernos subnacionales. “Si se considera la evolución acumulada entre 2023 y 2025, los ingresos totales de las provincias cayeron 10,3% en valores constantes, mientras que sus erogaciones disminuyeron 9,4%”, señala el análisis.
