Esta medida tiene como objetivo actualizar el marco normativo actual (Resolución 21/21) para ajustarlo a las políticas de crédito del Banco Central y mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a instrumentos financieros más eficientes y contemporáneos.
En el documento oficial, el Gobierno sostiene que los cambios realizados “buscan mejorar el marco normativo del Sistema de SGR, a los fines de que dicho régimen continúe promoviendo y aumentando la asistencia financiera dirigida a las MIPyMES del país, atendiendo a la par un uso responsable, justificado y eficiente del impacto fiscal que genera la propia existencia del régimen societario de la materia”.
La nueva normativa simplifica el proceso de suscripción, permitiendo que los contratos de garantía recíproca se formalicen mediante documentos electrónicos con firmas electrónicas o digitales.
La resolución estipula que cada SGR podrá elegir su infraestructura digital, aunque establece una condición técnica fundamental: deben emplear tecnología blockchain para asegurar la validación de identidad y la protección de las transacciones. Este cambio pretende aumentar la eficiencia en la operación cotidiana, garantizando que los certificados de garantía puedan ser firmados de manera remota y segura.
La reforma también presenta un esquema diferenciado para los avales en moneda extranjera, según el perfil de la PyME que lo solicite.
En lo relacionado con la gobernanza interna de las SGR, la resolución obliga a una mayor claridad en los registros de los consejos de administración que aprueben reformas en los estatutos. Estas actas deberán argumentar los cambios propuestos y ser elaboradas con un mínimo de 60 días hábiles de antelación a la Asamblea General Extraordinaria.
